Extorsionadores van a zonas rurales de Santo Domingo para exigir vacunas
Controles militares se realizan en zonas vulnerables a las extorsiones en Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: cortesía
Redacción EL COMERCIO (i)
Las extorsiones mantienen atemorizados a los habitantes de la zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los dueños de fincas y ganaderos son víctimas de las presiones de bandas organizadas, que exigen fuertes sumas de dinero.
Un afectado hizo público su caso en redes sociales y desde entonces más personas dicen ser víctimas de grupos amados en la ruralidad.
Según su relato, unos motorizados llegaron a principios de marzo del 2023 y mediante una charla pacífica se identificaron como miembros de una banda delictiva.
Le dijeron que dan protección a las personas que pagan a cambio de esa seguridad. Según ellos evitan que delincuentes ingresen al lugar para delinquir, pero deben tener armamento suficiente para garantizar la protección.
El afectado en principio no creyó, pero con los días le dejaron una hoja volante con una amenaza y después lo llamaron a su celular. En todas estas comunicaciones le pedían USD 5 000 y le daban un plazo de 48 horas para que cumpla. Al final le advirtieron con atentar contra su vida y la de sus familiares.
En 2022 se registraron ocho casos de extorsiones en la zona rural de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto es un incremento del 63% en comparación con 2021, cuando sucedieron cinco extorsiones, de acuerdo con estadísticas de la Policía.
Los casos suceden en su mayoría en las parroquias rurales Luz de América y Alluriquín.
Sin embargo, estás cifras pudieran ser un subregistro, porque los afectados evitan denunciar debido a las amenazas que reciben de los extorsionadores. Los desconocidos llegan con capuchas y apuntando con sus armas de fuego piden el dinero a las víctimas.
Extorsionados venden sus reses
Una propietaria de otra finca contó que, en febrero de 2023, le tumbaron la puerta. Una semana antes encontró una hoja volante para que pague la extorsión. No prestó atención al tema y con los días supo que se trataba de delincuentes organizados. Tuvo que vender parte de sus vacas para pagar USD 3 000.
Para los vacunadores no es una limitante ni las largas distancias ni el terreno irregular.
En el recinto La Bolívar, en la parroquia Alluriquín, los extorsionadores llegan en motos, empapados por la lluvia y con el lodo hasta más arriba de los tobillos
Camuflados y con chompas van por calles malogradas y desvíos vulnerables a derrumbes para pedir dinero casa por casa. En esa zona la gente vive de la producción de leche.
En las madrugadas son frecuentes la caminatas largas y las salidas de camionetas para sacar el producto a la ciudad, en un trayecto de 40 minutos.
Pocas denuncias por temor a extorsionadores
La Policía reconoce que las denuncias de extorsiones en la zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas son pocas.
Las amenazas que les dejan los delincuentes obliga a callar la situación.
A las víctimas les advierten con hacerles disparos en sus casas, colocar bombas y hasta secuestrar a sus familiares.
De acuerdo con el agente Cristian P., la falta de una denuncia impide la cadena investigativa, ya que si bien se sabe quiénes son los delincuentes, no se puede ejecutar una aprehensión sin una orden judicial.
El uniformado indica que el delito en flagrancia pudiera ser una acción efectiva, pero existen limitantes logísticas en las zonas rurales. Una de esas limitantes son las distancias que existen entre las propiedades y las unidades de policía comunitaria.
Esto lo dice el dueño de la finca que paga la vacuna a grupos armados desde marzo de 2023. Para llegar a su propiedad, un carro de la Policía tiene que viajar hasta 30 minutos.
El director del Consejo de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo, Rómulo Montalvo, indica que ante las falencias logísticas las personas deben llamar al ECU 911. Ahí se les traslada el caso a un agente de la Unase para que haga el seguimiento. También se dan las directrices para que denuncie el hecho.
Las bandas delictivas que operan en la zona rural justifican su accionar en el conflicto que tienen con otras organizaciones. En las hojas volantes publicadas en redes sociales y en grupos de WhatsApp se repite el nombre de la organización R7, una de las bandas que mantiene en zozobra a la población de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El experto en seguridad y coronel en servicio pasivo de las FF.AA., Miguel Orellana, dice que estos casos llaman la atención porque comúnmente el delito más frecuente era el abigeato en la zona rural hasta el 2021.
En situaciones más extremas ataban de manos y pies a las víctimas y eso era aprovechado para atracar en la propiedad.
No obstante, la denominada vacuna ahora ha cobrado connotación ya que las bandas delictivas aprovechan la escasa presencia policial en esas zonas.
La zona rural, con pocas patrullas
Ximena Orozco, presidenta de la Junta Parroquial de Luz de América, asegura que, si bien a esta zona le dotaron de un patrullero policial y una moto en agosto del 2022, aún no es suficiente para atenderlos.
Esa parroquia tiene 12 529 habitantes y 25 recintos. Además, 13 empresas agroindustriales exportan cacao, banano y plátano desde esta parroquia.
Orozco indica que el patrullero y una moto incluso recorren a la vecina parroquia El Esfuerzo y en ese sentido la seguridad no es una garantía.
Hugo Moreno, presidente de la Junta Parroquial de Alluriquín, asegura que las patrullas no llegan a La Bolívar porque sus calles son de difícil acceso por ser lastradas y de tierra.
Tomado de El Comercio – Foto: El Comercio