Proponentes del juicio político y la Ministra del Interior expusieron argumentos de cargo y de descargo
La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, proponentes del juicio político, y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quienes presentaron los argumentos de cargo y de descargo, en su orden, sobre el presunto incumplimiento de funciones de la Secretaría de Estado, por la incursión armada en la Embajada de México y la falta de acciones para contrarrestar la violencia, entre otras causales.
El asambleísta Leonardo Berrezueta subrayó que la incursión en la Embajada mexicana irrespetó la Constitución de la República y las convenios internacionales, lo cual constituyó un acto vergonzoso para el país, que hoy afronta un proceso ante el Tribunal Penal Internacional, por la flagrante violación del derecho internacional.
Aseguró que todas las pruebas aportadas al proceso demuestran el incumplimiento de funciones, no solo por lo ocurrido en la Embajada mexicana, sino en la falta de certezas sobre el Plan Fénix, cuyo contenido fue declarado secreto.
De su lado, Paola Cabezas insistió en que existe incumplimiento de funciones de la ministra Palencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Afirmó que las cifras dadas por la funcionaria son mentirosas, puesto que los casos de homicidios crecen diariamente y, en tal virtud, las imágenes que presenta el Ministerio no son sino actos para el TikTok y las redes sociales.
Presentó varios videos para sustentar el crecimiento de la violencia, sobre todo en Guayas. Aseguró que, pese a contar con recursos tanto legales, cuanto económicos, como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin embargo no se ha desarticulado ni una sola banda delincuencial en el país. Por ello, dijo, “este juicio tiene que llegar al Pleno de la Asamblea, para que se determine la culpabilidad, la censura y destitución de la ministra Palencia”.
Entre tanto, la funcionaria cuestionada, Mónica Palencia insistió en que todas las acciones del Gobierno están amparadas en la Constitución y la Ley, así como en los instrumentos internacionales, al defender el operativo efectuado para la captura de Jorge Glas, sentenciado por delitos comunes, quien no tenía la condición de perseguido político, acto que ha sido calificado por expertos internacionales como legal, legítimo y no arbitrario.
Insistió en que durante su gestión se ha bajado el índice de homicidios intencionales, entre otros delitos, como lo indicaron fehacientemente los testigos que intervinieron en la comisión la tarde y noche de ayer. Añadió que no se ha probado ninguno de los supuestos incumplimientos señalados en las causales del juicio político.
Concluida esta fase, a partir de este sábado, 5 de octubre, decurre el plazo de cinco días para que la mesa legislativa emita el informe motivado por el cual podrá sugerir a la Asamblea el juicio político o su archivo, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
EG/am – Asamblea Nacional