Organizaciones denuncian amenazas y violencia contra comunidad indígena y exigen intervención del Estado

Pichincha Comunicaciones. La Alianza por los Derechos Humanos alerta sobre intentos de desalojo, destrucción de cultivos y amenazas contra líderes de la comunidad kichwa Tzawata-Ila-Chukapi.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció el jueves 29 de octubre de 2026 el incremento de amenazas, agresiones y presuntas vulneraciones de derechos contra la comunidad indígena Tzawata-Ila-Chukapi, y cuestionó la falta de respuesta del Estado ecuatoriano para garantizar su protección.

Según el pronunciamiento, la comunidad enfrenta un conflicto territorial con la empresa Terraturismo S.A., a cuyos trabajadores señala por presuntos actos de intimidación, destrucción de cultivos tradicionales, contaminación de fuentes de agua y ocupación de territorio ancestral.

Las organizaciones advierten que estas acciones buscarían provocar el desalojo de las familias indígenas.

La situación se agravó durante octubre. Entre el 17 y el 28 de ese mes, la comunidad denunció la presencia de personas armadas y encapuchadas, amenazas contra dirigentes y nuevos ataques a sus cultivos.

⭕️Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la situación de riesgo para los miembros y líderes de la Comunidad Tzawata-Ila-Chukapi; y la falta de respuesta institucional del Estado ecuatoriano.
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— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) October 29, 2026

Además, cuestionó la actuación de la Policía Nacional, a la que acusa de favorecer a los trabajadores de la empresa y dejar desprotegidas a las familias.

La Alianza también recordó que, desde marzo de 2026, se han acumulado 12 procesos judiciales contra integrantes de la comunidad, mientras que en mayo fue detenido su presidente, Wayra Kambak Alvarado Andy, durante un operativo con aproximadamente 50 policías y militares.

En enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había advertido que un eventual desalojo podría ocasionar daños irreparables a los derechos de esta población.

Ante estos hechos, las organizaciones exigieron al Gobierno de Daniel Noboa adoptar medidas urgentes para proteger a las familias indígenas, investigar las agresiones denunciadas y garantizar el respeto a sus derechos territoriales.

Advirtieron que la falta de intervención estatal podría comprometer la responsabilidad internacional de Ecuador por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones