Fiscalización recomienda al Pleno el enjuiciamiento político al exministro del Interior, Juan Zapata

La Comisión de Fiscalización, con ocho votos afirmativos, aprobó el informe no vinculante por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea proceda con el enjuiciamiento político al exministro de Interior, Juan Zapata Silva, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, con base en la solicitud presentada por el asambleísta Carlos Vera Mora.

En su informe, la mesa determina que dos hechos constituyen el incumplimiento de funciones: 1) la falta de ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior; y, 2) la falta de acción del exministro Juan Zapata como titular del Ministerio de Interior para garantizar la seguridad interna, lo cual se puede resumir en una nula ejecución presupuestaria del 32,15 % comprendida entre 1 de enero y el 23 de noviembre del 2023.

Los legisladores consideran que este hecho contribuyó al incremento de las muertes violentas en un 65,65 %, entre 2022 y 2023, con lo cual se cerró el año de la referencia con un total de 8.094 muertes violentas, entiéndase por tales asesinatos, homicidios, femicidios, sicariatos. Esta sería la cifra más alta desde que se tienen registros administrativos.

Así, la comisión responsabiliza políticamente al exministro Juan Zapata, como encargado del sector de seguridad interna, por las dolorosas pérdidas para las familias ecuatorianas, hechos que generaron miedo y zozobra dentro de la sociedad, situación agravada cuando personas que por su perfil de riesgo debían ser protegidas por el gobierno, fueron brutalmente asesinadas, como en los casos de Fernando Villavicencio, excandidato a la presidencia; Agustín Intriago, alcalde de Manta; Charbert Ruana, concejal del cantón Yaguachi; Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López; Bolívar Vera, concejal del cantón Durán; Rider Sánchez, candidato a asambleísta; y, Julio Faracio, candidato a alcalde de Salinas. A esto se suma un total de 103 policías asesinados en 2023.

La mesa legislativa aclaró que se cumplieron todas las garantías del debido proceso, sin embargo, el exfuncionario cuestionado no compareció ante la Comisión ni presentó sus pruebas de descargo, pese a que fue notificado en legal y debida forma con la solicitud de enjuiciamiento político, así como con todas las actuaciones seguidas en la sustanciación de la misma.

EG/pv – Asamblea Nacional