Contraloría ratifica glosas por más de USD 11 millones en hospitales del Ministerio de Salud

El Telégrafo. La Contraloría General del Estado (CGE) ratificó responsabilidades civiles por USD 11.658.502,43 contra 68 servidores públicos de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), tras determinar irregularidades en la adquisición, recepción, control y distribución de medicamentos y dispositivos médicos destinados, entre otros, a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

La resolución fue emitida el 21 de mayo de 2026, con base en un examen especial realizado en 2023, que revisó contratos ejecutados entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Según el informe de auditoría No. DNA7-SySS-0078-2023, aprobado en diciembre de 2023, se identificaron diferencias entre las cantidades de medicamentos entregadas a los pacientes y las existencias registradas en las bodegas generales y de farmacia de los hospitales.

El organismo de control señaló que estas diferencias respondieron a la falta de un control riguroso sobre los ingresos y egresos de medicamentos, así como a la ausencia de verificación sobre su distribución, destino y uso, lo que habría generado un perjuicio superior a los USD 11 millones.

Las responsabilidades civiles fueron ratificadas para servidores de los hospitales Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.

📰 #Boletín | Contraloría ratificó responsabilidades civiles por USD 11,6 millones para servidores de hospitales del Ministerio de Salud Pública, debido a irregularidades en la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos.

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— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) May 27, 2026

El informe también determinó que se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parental bajo la figura de emergencia, sin que se cumplieran las causales legales para este procedimiento. Además, se estableció que el medicamento Trastuzumab, utilizado para pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, lo que puso en riesgo la continuidad de los tratamientos.

La CGE también observó que no se verificó que los bienes recibidos cumplieran con las especificaciones técnicas, lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. Esta situación afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia.

Además, tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, no se ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía por la existencia de medicamentos adulterados.

Tomado de El Telégrafo – Imagen: El Telégrafo