RC, PSC y Pachakutik exigen que el juicio político contra Inés Manzano por el caso Progen pase al Pleno de la Asamblea ante el bloqueo oficialista en Fiscalización

Bancadas denuncian un bloqueo “arbitrario” y “vergonzoso” al juicio político contra la exministra Inés Manzano por el caso Progen, exigiendo que el proceso se traslade de inmediato al Pleno de la Asamblea Nacional bajo el amparo del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Pichincha comunicaciones. Legisladores de diversas bancadas de la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo al ‘estancamiento’ del juicio político contra la exministra Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización. Calificaron el hecho como una “arbitrariedad” que busca blindar a exfuncionarios.

Ante la falta de una resolución clara en la mesa legislativa tras la abstención del bloque oficialista ADN, las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik formalizaron su exigencia para que el proceso sea trasladado de inmediato al Pleno de la Asamblea Nacional para una decisión definitiva.

El amparo legal: el Artículo 142 de la LOFL

El pedido de los legisladores se fundamenta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Alfredo Serrano (PSC) recordó que las reformas de 2020 se hicieron precisamente para evitar que las comisiones actúen como instancias de archivo.

Específicamente, se amparan en el inciso sexto del artículo 142, el cual establece que, si una comisión no alcanza los votos necesarios para aprobar o archivar un informe de fiscalización, el expediente debe pasar de manera obligatoria al conocimiento y resolución del Pleno.

Asimismo, Ana Cecilia Herrera (RC), miembro de la Comisión de Fiscalización, manifestó que al haber precluido el plazo legal el pasado domingo sin una moción de archivo, la “cancha” está ahora del lado del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien debe convocar a los 151 legisladores.

Rechazo a la “justificación de Fiscalía”

Las bancadas cuestionaron duramente el argumento de que el proceso político no debe avanzar porque el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Serrano calificó esta postura de “bochornosa”, señalando que la responsabilidad penal no excluye la política.

Por su parte, Lenin Barreto (RC), quien impulsa este juicio político, enfatizó que ambos procesos corren por “cuerdas separadas” y que la Asamblea tiene el mandato irrenunciable de determinar responsabilidades políticas.

Entre tanto, Herrera añadió que, si el criterio fuera esperar a la justicia ordinaria, la Comisión de Fiscalización carecería de sentido de existencia.

En ese contexto, Lenin Barreto anunció que, si el trámite actual no prospera en el Pleno, su bancada ya trabaja en la presentación de un nuevo pedido de juicio político que incluiría también el caso ATM, sumando un perjuicio total estimado en USD 170 millones.

En el frente de Pachakutik, el asambleísta Alex Toapanta, quien estuvo acompañado de sus coidearias Mariana Yumbay y Dina Farinango, exigió transparencia y aprovechó para aclarar que los dos legisladores que votaron a favor del bloqueo en la comisión no representan a su movimiento, pues fueron expulsados por este tipo de actuaciones contrarias a la línea de la organización.

Con la documentación ya remitida a la Presidencia de la Asamblea por los proponentes Blasco Luna y Lenin Barreto, el Legislativo –especificamente el oficialista Niels Olsen– deberá decidir si avanza hacia la censura de la exministra o si se ratifica el archivo del caso en el Parlamento.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones