Pleno de la Corte Nacional definirá la forma final de una resolución que permitiría a la Policía el uso de armas y municiones incautadas a la delincuencia en el país

El pleno de la Corte Nacional de Justicia analizará la resolución para aplicar una parte del artículo 69 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permitiría que la Policía Nacional pueda hacer uso de las armas y municiones incautadas. Cortesía CNJ/El Universo. Foto: El Universo

Por: Santiago Molina

En el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de este martes, 11 de julio, podría aprobarse la resolución para aplicar una parte del artículo 69 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permitiría que la Policía Nacional pueda hacer uso de las armas y municiones que la fuerza pública incautó en operativos contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional.

El documento por tratar se denomina “Resolución del proyecto relativo al comiso penal de bienes y su declaratoria de beneficio social o interés público y sobre el destino de armas de fuego, municiones, explosivos no autorizados y accesorios en los procesos penales”. El texto inicial habría sido trabajado por la sala penal del más alto órgano de justicia ordinaria del país. Lo que restaría es poner la resolución total a consideración del pleno de la CNJ.

El texto al que se buscaría dar forma, para dar paso a un pedido hecho en abril pasado por la Dirección de Investigación Técnico Científica de la Policía Nacional, habla de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. La parte específica que generaría el pedido está en el inciso segundo del numeral tres del artículo 68 del COIP, en el que se señala que “el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”.

El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, piensa que este es un tema que reviste importancia para el país, para el Estado, más aún dentro del problema de la seguridad pública del Ecuador.

“La respuesta que se pretende dar y ha sido construida por la Sala Penal de la CNJ es que, cuando se trate de los bienes comisados, el fiscal en la audiencia, como le corresponde a la Fiscalía, pueda sustentar su pedido individualizando cuáles serían los bienes del comiso; pero algo más, lo que determina el COIP, esto es, la esencia del tema, lo que determina el COIP es que el juez puede declarar de utilidad pública o finalidad social los bienes comisados”, explicaba Saquicela.

El juez nacional Felipe Córdova, parte de las Sala Penal, sostiene que hay varias armas incautadas que están almacenadas y no tienen uso, pese a que la norma vigente le permite al juzgador declarar o autorizar el uso de determinados bienes.

Inicialmente se puso en la mesa del debate la preocupación de que la Policía pueda usar armas que pertenecían a delincuentes o el que se defina específicamente cómo se escogerá a la entidad beneficiaria de las armas, entre ellas la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno.

En medio de ese análisis previo y aclarando que la resolución busca normar el tema específico del destino de las armas comisadas, los jueces nacionales que participaron en la plenaria también creían que debe aclararse el destino de otros bienes decomisados, como la maquinaria de la minería ilegal, medicinas, ropa, tecnología…

Para el caso específico de armas y municiones decomisadas, el fiscal de la causa debe informar al juez de la existencia de un conjunto de armas decomisadas que están identificadas plenamente y que se ha hecho una pericia para individualizarlas. Con esa información detallada, el fiscal pide su comiso y es tarea del juez definir que esas armas y municiones comisadas se declaran de utilidad pública y estas van a ir para la Policía o el ente respectivo.

“Con esta resolución, el fiscal tiene la obligación de determinar cuáles bienes (son los decomisados), de individualizarlos y periciarlos. Una vez que esté hecho esto, el juez puede resolver la declaratoria de utilidad pública, que no es un invento nuestro: está en la ley. A eso se concreta el proyecto”, anotó el presidente de la corte.

Tanto las armas como las municiones incautadas por policías y militares en operaciones contra el crimen organizado tendrán que ingresar en un proceso de evaluación, del cual se desprenda cuántas y cuáles están en las condiciones de ser entregadas a la Policía Nacional para ser usadas en el combate a la delincuencia.

Lo que se prevé es que el tema sea uno de los puntos principales en la agenda del pleno de la Corte Nacional de Justicia de este próximo martes. (I)

Tomado de El Universo – Foto: El Universo