Marcha del 8M, primer termómetro sobre reacción del Gobierno a movilizaciones

Un año atrás, las mujeres se movilizaron por el Día Internacional de la Mujer y, al llegar al Centro Histórico de Quito hubo represión de la Policía. Foto: Carlos Noriega/ El Comercio.

Daniel Romero
La agenda de movilización de mañana, 8 de marzo del 2023, está definida. Colectivos feministas y organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) participarán por el Día Internacional de la Mujer.

Si bien, esta movilización ocurre en el marco de una fecha de conmemoración internacional, también es la primera que tiene lugar en medio de la crisis que enfrenta el Ejecutivo.

Las organizaciones de mujeres han sido claras en que la finalidad es la reivindicación de sus derechos. Sin embargo, la gestión de esta manifestación, teniendo cuenta la represión que existió un año atrás, podría complicar o calmar los ánimos respecto a un Gobierno debilitado.

Para la politóloga Carolina Andrade, lo de mañana podría leerse como un primer termómetro sobre la forma en la que el Ejecutivo puede abordar la movilización. Recuerda lo ocurrido un año atrás en el que hubo represión a las manifestantes en niveles que no se vieron anteriormente.

La politóloga menciona que, al menos el último año, las cifras de violencia de género han aumentado y aún se reclama por los presupuestos para viabilizar la Ley sobre este tipo de violencia. Entonces son temas como estos los que convocan a las mujeres.

En ese escenario, el reto de Guillermo Lasso será ¿cómo garantizará que la jornada se desarrolle sin ningún tipo de enfrentamiento?

Andrade apunta que la injerencia de actores políticos en la marcha de mañana puede ser contraproducente teniendo en cuenta la finalidad de la movilización.

El analista Pedro Donoso coincide en que el manejo de la marcha puede incidir en agravar o no la situación del Ejecutivo.

Sin embargo, considera que sí hay un cambio en la gestión. Esta vez, comenta, hay otra comprensión de la gestión de la política con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

La posición de la Conaie y FUT
Zenaida Yansacama, vicepresidenta de la Conaie, aclara que la jornada del 8 de marzo no tiene que ver con el inicio de movilizaciones en contra del Gobierno.

La organización tiene una agenda que incluye la presentación de una demanda en la Corte Constitucional (CC), un encuentro en la Casa de la Cultura y una marcha que saldrá desde la Universidad Central con rumbo hacia el Centro Histórico de Quito.

La líder indígena dijo que la Conaie aún o ha definido una jornada de protesta en contra del Ejecutivo. Insistió en que sus bases están aún discutiendo este tema.

Sin embargo, cuestionó lo que considera como una ineficacia del Gobierno al enfrentar los problemas del país y los supuestos casos de corrupción en los que se los ha involucrado.

Desde que la Conaie decidió romper el diálogo con el Gobierno porque considera que ha incumplido con los acuerdos, tras las mesas producto del paro de junio del 2022, no han tenido más acercamientos.

Por su parte, el FUT dijo ayer, lunes 6 de marzo del 2023, que se sumará a las movilizaciones por el 8 de marzo. Sin embargo, también prepara otra jornada de protesta para el 14 de marzo del 2023. Los pedidos centrales de esta última tienen que ver con la defensa del IESS y el pedido de renuncia de Lasso.

Marcela Arellano, presidenta del FUT, pidió ayer que la CC se pronuncie a favor del juicio político cuyo informe no vinculante fue aprobado en el Legislativo, el sábado pasado. “No podemos continuar con este proceso de liquidación, el país se encuentra estancado por la falta de efectividad del Gobierno”.

El juicio político en la Asamblea
La marcha de este 8 de marzo también se produce en medio de la expectativa sobre lo que pasará con el juicio político en contra de Lasso por el caso denominado Gran Padrino.

Hoy, asambleístas de la Izquierda Democrática como Alejandro Jaramillo y de Pachakutik, Jéssica Castillo, dijeron que analizan la pertinencia de esa interpelación. Jaramillo dijo que la Comisión Especial que redactó el informe aprobado el sábado pasado perdió 40 días y no hay un sustento.

Por su parte, el oficialista Juan Fernando Flores, mencionó que hay legisladores que se están retractando y separándose de esa iniciativa. “¿Qué esperaban? Que las movilizaciones generen un sentido de presión a la Corte. Desconocen el propio valor que tiene la CC”, señaló.

La mañana de hoy, el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, dijo que lo aprobado el sábado fue un acto político de tarima. Mencionó que no duda de que tengan las 46 firmas para enviar el pedido a la Corte.

Sobre esto también se ha pronunciado la Conaie. La semana se pronunció en el sentido de que, en el caso de que el Presidente opte por gobernar con decreto (muerte cruzada) nuevamente habría manifestaciones.

Para Donoso, la situación en el país podría ser más compleja en los siguientes 45 días. Considera que, además de la gestión de la marcha de mañana, un detonante para la protesta social podría ser un eventual fracaso del juicio político.

En ese escenario, el analista considera que hay un Gobierno debilitado y con muchos más adversarios de lo que tenía en junio del 2022, por ejemplo.

Tomado de El Comercio – Foto: El Comercio

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