José Cabrera es designado nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral tras remoción de Diana Atamaint
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó el 11 de junio de 2026 a José Cabrera Zurita como nuevo presidente de la institución, en reemplazo de Diana Atamaint, quien ocupó el cargo desde 2018. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria convocada para ese día, en la que participaron cuatro consejeros: Cabrera, Esthela Acero, Elena Nájera y la propia Atamaint, quienes votaron a favor de la moción presentada por Acero. Los consejeros Enrique Pita y José Merino no asistieron a la sesión.
En el mismo acto, Esthela Acero fue nombrada vicepresidenta del organismo, sustituyendo a Enrique Pita. Con ello, se renovaron las principales autoridades del CNE en un momento clave, a pocos meses de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
José Cabrera es ingeniero informático y magíster en Gerencia de Sistemas, con especialización en participación electoral y derecho electoral. Ha desempeñado funciones en el Banco Central del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito y el extinto Tribunal Supremo Electoral, donde fue director de informática. Además, ha participado como observador electoral en procesos internacionales en Paraguay y República Dominicana. Desde 2018 es consejero del CNE, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
En sus primeras declaraciones como presidente, Cabrera aseguró que trabajará con transparencia y respeto a la legalidad, comprometiéndose a fortalecer la institucionalidad y garantizar que los próximos comicios se desarrollen con normalidad. Señaló que no dará órdenes “incorrectas o ilegales” y que su gestión buscará consolidar la confianza ciudadana en el sistema electoral.
La salida de Diana Atamaint marca el fin de un período de ocho años al frente del CNE, caracterizado por tensiones internas, críticas a su prolongada permanencia y a procesos realizados. El relevo abre una nueva etapa en la conducción de la función electoral, con la expectativa de que las nuevas autoridades aseguren procesos democráticos sólidos y transparentes.