Fiscalía pide prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados al caso Progen: José Manuel de Oliveira y Peter Dreher en la lista
Fiscalía solicita prisión preventiva para los 10 nuevos procesados del caso Progen por presunto peculado de USD 104 millones. Foto: @CorteNacional.
Pichincha Comunicaciones. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados al caso Progen, con lo que la causa por presunto peculado suma 31 procesados. Además, pidió activar la difusión roja de Interpol para cuatro de ellos, mientras la instrucción fiscal se extenderá hasta el 24 de septiembre de 2026.
Durante el segundo día de la audiencia de vinculación en el denominado caso Progen (o caso Apagón), celebrada este martes 25 de agosto de 2026, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó formalmente al conjuez Rodrigo Sarango la medida de prisión preventiva para los diez nuevos implicados en el proceso.
Con la incorporación de este grupo, la investigación penal por presunto peculado eleva oficialmente el número de procesados de 21 a 31 personas.
Los argumentos de la Fiscalía
Para justificar la necesidad de la prisión preventiva, el fiscal Alarcón sostuvo que existe un alto riesgo procesal de evasión de la justicia y de obstaculización en la obtención de nuevas pruebas, como ya ha ocurrido con otros implicados de la causa.
La Fiscalía enfatizó que en este tipo de delitos, donde presuntamente se estructuró un trabajo delictivo en conjunto para disponer de manera arbitraria de aproximadamente USD 104 millones pertenecientes al Estado ecuatoriano, es indispensable garantizar la inmediación de los sospechosos mediante la privación de la libertad.
El fiscal advirtió sobre el “peligro latente” de destrucción de evidencias si los vinculados permanecen en libertad.
Asimismo, ante la evidencia de que varios de los principales sospechosos ya no se encuentran en territorio ecuatoriano, la Fiscalía solicitó formalmente al magistrado que disponga la emisión de la difusión roja de Interpol para cuatro de los nuevos procesados:
- José Manuel de Oliveira Allu (excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, en Los Ángeles, EE. UU. desde el 10 de mayo).
- Peter Christian Dreher Pozo (exasesor del Ministerio de Energía, en Panamá desde el 13 de enero).
- José Xavier Aimara Guaita (exdirector de Planificación de Celec).
- José Walter Manrique Suárez (representante legal y accionista de Astrobryxa).
El dictamen acusatorio individualizó los cargos contra los 10 nuevos sospechosos, imputando a nueve de ellos como autores directos del delito de peculado y a uno en calidad de coautor:
Exdirectivos y asesores del Ministerio de Energía y Celec:
- José Manuel de Oliveira Allu (excoordinador jurídico)
- Peter Christian Dreher Pozo (exasesor de despacho)
- José Xavier Aimara Guaita (exdirector de Planificación de Celec)
- Cristhian Andrés Dahik Quijano (exsubgerente jurídico de Termopichincha)
- Daniela Piedad Gordillo Ramírez (exsubgerente jurídica de Termopichincha).
Exadministradores de los contratos de Salitral y Quevedo:
- Marlon Iván Casillas Hernández (exadministrador de Salitral)
- José Luis Sampietro Saquicela (primer administrador de Quevedo)
- Marcos Alberto Guerrero Bravo (segundo administrador de Quevedo)
- Luis Javier Ugsha Guanotasig (exoperador de Celec).
En calidad de coautor: José Walter Manrique Suárez (pareja de Karla Saud Calero), accionista de la empresa Astrobryxa, señalado por coordinar subcontrataciones y canalizar fondos públicos del anticipo por más de USD 12,2 millones.
Ampliación de la instrucción fiscal
Al concretarse la vinculación de estas 10 personas, el plazo de la instrucción fiscal —que originalmente vencía el 20 de agosto de 2026— se extenderá por 30 días adicionales de conformidad con la ley.
De esta manera, el periodo de investigación concluirá definitivamente el 24 de septiembre de 2026, fecha tras la cual el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá señalar el día para la audiencia preparatoria de juicio contra los 31 sospechosos.
La causa investiga el presunto beneficio indebido a la empresa estadounidense Progen Industries LLC, a la que el Estado entregó USD 104,37 millones de anticipo por generadores eléctricos que resultaron ser usados, obsoletos, repintados y que nunca entraron en operación.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones