En la Asamblea inicia el estudio de la objeción al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social inició el estudio de la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El 12 de enero del presente año el Jefe de Estado notificó a la Asamblea Nacional su decisión de objetar parcialmente el proyecto y presentó 27 observaciones a varios artículos y disposiciones.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión tiene 8 días de plazo para emitir el informe no vinculante para conocimiento del Pleno del Legislativo, mismo que concluye el viernes 20 de enero.
El proyecto aprobado por la Asamblea Nacional crea herramientas legales para garantizar que la información pública sea accesible, oportuna, completa, fidedigna, para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador.
El derecho de acceso a la información pública comprende el derecho a buscar, acceder, solicitar, investigar, difundir, buscar, recibir, copiar, analizar, procesar, reutilizar y redistribuir información. Toda la información producida, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley, la normativa vigente y en los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Estado ecuatoriano.
La Comisión de Participación Ciudadana durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto realizó un amplio proceso de socialización con autoridades, colectivos ciudadanos, técnicos, especialistas. Realizó varias sesiones en territorio, en Santo Domingo, Quevedo, Ambato. Participaron representantes de asambleas populares y ciudadanas cantonales, universidades, Consejo de Participación Ciudadana, Fundación Libres Pensadores, Red de Jóvenes Políticos, Fundamedios, Consejo de la Judicatura, AME. Además escuchó la opinión del Servicio Nacional de Contratación Pública, Superintendencia de Control y Poder del Mercado, Universidad Central del Ecuador y Defensoría del Pueblo.
PV
Fuente: Asamblea Nacional