Desarrollo Económico realizó el estudio del informe para primer debate de la ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno
La Comisión de Desarrollo Económico inició el estudio del informe para primer debate, del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, calificado como urgente en materia económica por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. El objetivo de esta propuesta normativa es enfrentar esta situación de conflicto, que ha agravado la difícil situación fiscal nacional.
Desde el 12 al 21 de enero, la comisión recibió a más de 20 ciudadanos, gremios, organizaciones y actores de la esfera pública y privada, quienes brindaron sus aportes, criterios y realizaron observaciones para enriquecer la propuesta.
Los parlamentarios, miembros de la comisión, analizaron diferentes aproximaciones económicas hacia una política fiscal eficiente, que permita obtener recursos de manera inmediata para enfrentar el conflicto armado interno.
En el borrador de informe elaborado por la mesa legislativa se plantea el incremento del IVA al 15 %, por lo que resta del ejercicio fiscal 2024, el 2025 y 2026; también un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas, excepto las pymes, si registraron utilidades por un 50 % adicional, comparadas con las del 2019 y, un impuesto a los bancos con una utilidad anual superior a USD 10 millones de dólares, durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
Valentina Centeno, presidenta de la comisión, prevé que estas medidas tengan como resultado la recaudación de aproximadamente USD 1600 millones de dólares anuales.
También, los legisladores de varias bancadas expresaron su preocupación por la afectación que tendría este incremento sobre los estratos más pobres de la economía ecuatoriana. Coincidieron en que el impacto sobre el gasto de los hogares será mayor en las familias más pobres.
Por otra parte, en la mesa legislativa, se planteó que la recaudación estimada sea usada también para la implementación de proyectos de prevención y lucha contra las causas sociales de la criminalidad, con una inversión pública efectiva en educación temprana, formación técnica y vocacional, desarrollo de habilidades laborales, programas de empleo, mejora de condiciones socioeconómicas, acceso a servicios de salud y salud mental, prevención del consumo de drogas y participación comunitaria.
En las próximas horas, la comisión retomará el análisis de este informe y procederá con la votación.
CV/pv – Asamblea Nacional