¿Consumo eléctrico como delito?: el Gobierno usará la fuerza pública contra industrias
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Pichincha Comunicaciones. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, solicitó la intervención de la fuerza pública para forzar la desconexión eléctrica de 40 empresas de medio voltaje en medio de la crisis energética. La decisión no tendría fundamento jurídico, según advirtió un constitucionalista.
Ante el incumplimiento, el funcionario solicitó formalmente la intervención de la fuerza pública y del Ministerio del Interior para obligar a las instalaciones a suspender su consumo eléctrico.
Según la postura oficial, el consumo no autorizado de estos sectores industriales pone en “riesgo el suministro de energía para los hogares ecuatorianos” y compromete la estabilidad operativa del sistema ante la severa disminución de reservas en embalses como Mazar.
¡ATENCIÓN!
Estos son los clientes de medio voltaje que en este momento se encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado, poniendo en riesgo el abastecimiento de las familias ecuatorianas.
He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema.
@JohnReimberg
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 15, 2026
Pasadas las 15:00 de este 15 de octubre, el funcionario de Gobierno publicó otro listado de empresas como un nuevo reporte.
Continuamos con el reporte de los clientes de medio voltaje que no cumplen la disposición de desconexión al Sistema Nacional Interconectado.
Seguiremos enviando a la Fuerza Pública para que se encargue de quienes ponen en riesgo el abastecimiento eléctrico de las familias ecuatorianas.
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 15, 2026
Sin fundamento jurídico
La exigencia del Ejecutivo se enmarca en el incremento de los racionamientos industriales de 48 a 72 horas semanales para precautelar el agua de las hidroeléctricas, obligando a las empresas de medio voltaje a permanecer desconectadas de la red pública.
No obstante, la medida provocó una inmediata reacción en el ámbito legal. El abogado constitucionalista Mauro Andino advirtió que obligar a privados a cortar el acceso a un servicio público pagado carece de fundamento jurídico y constituye un acto de autoritarismo directo, precisando además que la Secretaría de la Administración no posee competencias legales ni mando directo sobre la Policía Nacional.
Además agregó que constitucionalmente el Estado debe garantizar el suministro eléctrico al país por lo que constituye un derecho. En este contexto, el artículo 314 de la Constitución establece:
El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica (…) El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
A la controversia se suman valoraciones políticas sobre el manejo gubernamental del estiaje. El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, señaló que el uso de la fuerza pública y las exigencias de autogeneración afectan directamente la seguridad jurídica e infraestructura requeridas para atraer inversión extranjera directa al país.
Por su parte, el analista político Luis Obando sugirió que el señalamiento público a las industrias forma parte de una estrategia para desviar la responsabilidad gubernamental por la crisis eléctrica y los escándalos de corrupción en el sector energético.
Desviar la culpa apuntando fuera del gobierno.
Esa parece ser la nueva estrategia del oficialista en este inicio de crisis eléctrica.
El enfoque cuenta con varios protagonistas a los que Carondelet señala con el dedo como culpables de los cortes de energía: el gobierno de los 10 años de la RC, empresas que no estarían acatando la decisión de desconectarse, personas de a pie que no estarían ahorrando luz en su día a día, entre otros.
El objetivo parecería ser enviar el mensaje de “yo no fui, así que no me cuestionen” y más bien “estoy haciendo lo que no se hizo antes”.
Ahora, ese discurso es muy difícil que sea aceptado por la ciudadanía, principalmente por los casos de corrupción de Progen y ATM, pero también porque el presidente Daniel Noboa ya lleva en el cargo prácticamente 3 años.
Veamos si también se suma a la estrategia oficialista los ya conocidos “sabotajes”.
— Andrés Obando Balseca (@AndresObandoB) October 15, 2026
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones