Con seis abstenciones, ADN bloquea el juicio político contra Inés Manzano por el caso Progen en la Comisión de Fiscalización
Este 6 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización impidió el avance del juicio político contra la exministra Inés Manzano por el caso Progen. Foto: Pablo Maquizaca / Asamblea Nacional.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos por el caso Progen y tras la difusión de audios que sugieren un presunto blindaje político para evitar que prosperen las investigaciones sobre contratos eléctricos.
Pichincha Comunicaciones. En la Comisión de Fiscalización, seis asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) bloquearon este sábado 6 de junio de 2026 el avance del juicio político contra la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano. Con sus abstenciones, los legisladores evitaron que prosperara el informe favorable al proceso de fiscalización. Estos fueron los asambleístas que blindaron a la exfuncionaria:
- Ferdinan Alvarez (presidente de la mesa legislativa)
- Ana Belén Tapia
- Jose Nángo (aliado de ADN)
- Fabiola Sanmartín
- Luigi García
- María Paula Villacreses.
Pese a la gravedad de las acusaciones por irregularidades en los contratos eléctricos de la empresa Progen, el proceso quedó estancado en Fiscalización tras seis votos en abstención del oficialismo y sus aliados, impidiendo que la solicitud —previamente calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL)— pasara a la etapa de sustanciación de pruebas.
Un patrón de “sepultamiento” legislativo
Este bloqueo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación en tres instancias (CAL, Pleno y comisiones) diseñada para garantizar la impunidad de las autoridades vinculadas a contratos eléctricos fallidos que superan los USD 149,1 millones.
Durante el último año, el oficialismo utilizó su control en el CAL para archivar pedidos previos de juicio político bajo argumentos administrativos y para quitar la investigación de manos de comisiones lideradas por la oposición, trasladándola a la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome.
En dicha comisión, el blindaje se concretó en diciembre de 2025, cuando una mayoría de seis votos aprobó un informe que eximió de responsabilidad a Manzano y al exministro Roberto Luque, trasladando la culpa a funcionarios de rango medio. Incluso en el Pleno, ADN logró bloquear el debate de estos informes mediante el uso táctico de la agenda legislativa y el apoyo de la presidencia de la Asamblea, que declaró la fiscalización como “concluida” sin permitir la discusión del informe de minoría de la oposición.
La sombra de los audios y la coordinación Manzano-Jácome
La decisión de abstenerse en la votación de este sábado cobra especial relevancia tras la filtración de un audio de julio de 2025 que revela una presunta coordinación directa entre Inés Manzano y Diana Jácome.
En la grabación, la entonces ministra detalla una “movida” en la que Jácome habría tomado la competencia de las comparecencias para neutralizar el control de la Revolución Ciudadana y asegurar que las respuestas de los funcionarios fueran “escuetas”, evitando profundizar en las fallas de los contratos de Progen.
Esta presunta trama de impunidad se habría ejecutado “al pie de la letra” en la Asamblea:
- Se bloqueó la reproducción de videos comprometedores durante las sesiones.
- Se evitó la comparecencia directa de los ministros implicados ante las mesas legislativas.
- Se emitieron informes que ignoraron las responsabilidades políticas de las máximas autoridades del sector energético.
Amenazas de cárcel
Mientras asambleístas de ADN como Mishel Mancheno han sostenido públicamente que su bloque “no va a tapar a nadie” y que actúan bajo criterios técnicos, el comportamiento de la bancada es eminentemente político y confrontativo. En lugar de ofrecer aclaraciones sobre el presunto blindaje, por ejemplo, la legisladora Diana Jácome optó por descalificar a sus interpeladores, llamándolos “delincuentes” y cerrando sus intervenciones con amenazas directas de encarcelamiento.
La recurrente frase de Jácome instando a la oposición a “comprar la pijama naranja” se ha convertido en el sello de una estrategia oficialista que responde con hostilidad ante los pedidos de transparencia. Para los legisladores de la Revolución Ciudadana este nuevo bloqueo en Fiscalización confirma que el oficialismo se ha convertido en el “patio trasero” del Ejecutivo, operando para ocultar contratos que no aportaron energía al país durante la crisis eléctrica.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones