Jueces anticorrupción alertan abandono del Consejo de la Judicatura y riesgo permanente por falta de seguridad

Pichincha Comunicaciones. Diez jueces de la Unidad Anticorrupción denuncian abandono por parte del Consejo de la Judicatura. Alertan amenazas, presiones y la falta de seguridad, recursos y condiciones básicas para ejercer sus funciones.

En medio del escándalo por las amenazas y presiones denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, diez magistrados de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado elevaron una nueva alerta al Consejo de la Judicatura (CJ).

Este 22 de diciembre de 2025 remitieron una carta de 22 páginas dirigida al presidente del organismo, Mario Godoy, y a los otros cuatro vocales, en la que describen un escenario de inseguridad, precariedad operativa y falta de respuestas institucionales.

¿Qué dice la carta enviada a Mario Godoy?
El documento, que también fue entregado a todos los vocales del CJ, es el octavo que envían desde la creación de esta unidad con sede en Quito. Los jueces sostienen que, pese a la gravedad de los delitos que conocen y al riesgo que enfrentan, sus pedidos han sido ignorados o respondidos de forma parcial.

Falta de seguridad personal: jueces llegan caminando, en bus o taxis
Uno de los ejes centrales de la carta es la seguridad personal. Los jueces relatan que, aunque se les asignó acompañamiento policial, no cuentan con recursos logísticos ni económicos. Deben cubrir de su propio bolsillo los gastos del personal de seguridad y no disponen de vehículos blindados. En la práctica, se movilizan hacia el Complejo Judicial Norte de Quito caminando, en transporte público o en taxis, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Desgaste físico y psicológico
A esto se suma la falta de viáticos, transporte y apoyo habitacional para los jueces que residen fuera de Quito. Asimismo, alertan sobre el desgaste físico y psicológico que provoca la sobrecarga laboral, agravada por la escasez de personal: cada magistrado cuenta apenas con un asistente. Según el documento, estas condiciones afectan la salud de los jueces y la calidad del servicio judicial.

Limitaciones tecnológicas
Las limitaciones tecnológicas son otro punto crítico. Los magistrados señalan que no existen condiciones adecuadas para audiencias telemáticas, debido a deficiencias de conectividad en unidades provinciales y a la falta de coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para el traslado de procesados. Estas falencias derivan en retrasos y suspensiones constantes de audiencias.

En la carta también solicitan mejorar los lineamientos para el análisis de riesgo y fortalecer las herramientas de teletrabajo. Actualmente, el CJ permite esta modalidad de forma proporcional al nivel de riesgo asignado o cuando existen denuncias por intimidación o amenazas de muerte. Los jueces consideran que este esquema resulta insuficiente frente a la magnitud del peligro que enfrentan.

Presupuesto a la baja
En materia presupuestaria, los magistrados recuerdan que, según el informe de ejecución del periodo abril-junio de 2025 del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo de la Judicatura dejó de ejecutar USD 11,5 millones. A esa cifra se suman 5,3 millones que fueron retirados por el Ministerio por falta de ejecución. En el documento sugieren que esos recursos pudieron destinarse a fortalecer la seguridad, logística y condiciones de trabajo de estas unidades especializadas.

Riesgo constante
De igual modo, los jueces enfatizan que, por mandato constitucional, la seguridad de los operadores de justicia recae en el Consejo de la Judicatura. Adjuntan estadísticas de jueces asesinados en el país y fotografías del vehículo con explosivos hallado detrás del complejo judicial donde laboran. Advierten que, mientras pasa el tiempo sin atención estatal, el riesgo no solo aumenta para ellos, sino también para las víctimas y los procesos que están a su cargo.

Todo ocurre en medio del caso del juez Carlos Serrano
La carta trascendió públicamente tras la denuncia del juez Carlos Serrano, quien renunció a sus funciones y habría salido del país luego de recibir amenazas de muerte. Este caso tomó mayor repercusión en el ojo público con la difusión de audios en los que se escucha al entonces director provincial de Pichincha del CJ, Henry Gaibor, presionando a Serrano para que considere los argumentos de la defensa del serbio Yezdimir Srdán, procesado en el caso Euro 2024 por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.

Gaibor, amigo personal de Mario Godoy, presentó su renuncia, que fue aceptada por el Pleno del CJ.

A este episodio se sumó el controversial hecho de que la esposa de Mario Godoy, Dolores Vintimilla, formó parte del equipo de defensa de Srdán. Esta situación intensificó los cuestionamientos sobre la independencia judicial y los posibles conflictos de interés en el máximo órgano de administración de justicia.

Los magistrados tienen jurisdicción nacional para conocer 44 tipos penales vinculados al:

• Crimen organizado
• Narcotráfico
• Tráfico de armas
• Secuestro extorsivo
• Sicariato
• Lavado de activos
• Garantías jurisdiccionales.

En más de tres años de funcionamiento, la unidad tramitó cerca de 4.000 causas y resuelto alrededor de 3.300. Sin embargo, denuncian que la respuesta institucional es “asimétrica” frente a la carga de trabajo y al nivel de exposición.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones