Comisión De Transparencia continúa socialización de la reforma a la Ley al Acceso a la Información Pública

Comisión De Transparencia continúa socialización de la reforma a la Ley al Acceso a la Información Pública

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social continuó la recepción de observaciones en el tratamiento de los proyectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene el objetivo de garantizar la protección de los datos tanto en el sector público como en el privado.

En este sentido, Danilo Sylva, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, manifestó que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública en las instituciones del Estado.

Reiteró la necesidad de transparentar la información pública del Estado, que debe estar al alcance de los ciudadanos, siendo excepcional aquella información que por su naturaleza es reservada o confidencial.

Entre tanto, Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sugirió establecer en el proyecto cuál es la información considerada confidencial y reservada. Además, indicó que si bien la Defensoría del Pueblo tiene la rectoría para el tema de la transparencia y acceso a la información pública, hace falta establecer las consecuencias y sanciones por incumplir la ley.

De su lado, César Córdova, defensor del Pueblo, recordó que el acceso a la información pública ha sido reconocido por diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos como parte del derecho a la libertad de expresión, base fundamental para la consolidación de los sistemas democráticos.

Entre sus observaciones, el funcionario afirmó que con la actual ley no se cumple el desarrollo de políticas públicas para fomentar la transparencia. En este aspecto, indicó en la necesidad de responder sustancialmente las solicitudes de información que sean formuladas.

Insistió es fundamental suministrar al público la máxima cantidad de información requerida en el ejercicio de sus derechos, ofertas de servicio, beneficios y procedimientos para imponer quejas y consultas.

Finalmente, Santiago Peñaherrera, delegado de la Función Judicial, sugirió que la finalidad de la ley sea garantizar que la información pública sea accesible, oportuna, completa y fidedigna, para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

HC/pv

Fuente: Asamblea Nacional

 

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