Bancada de la RC formaliza la solicitud de juicio político contra Mario Godoy y advierte que una eventual renuncia no frena el proceso

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán y Franklin Samaniego integran el grupo de cinco legisladores que impulsan el juicio político contra Mario Godoy.

Foto: Marco Criollo / Radio Pichincha.

Pichincha Comunicaciones. Viviana Veloz cuestionó la postura del presidente Daniel Noboa. Señaló que la “recomendación” tardía de renuncia a Mario Godoy no impide que la Asamblea avance con el juicio político. Afirmó que incluso una eventual dimisión no extingue la responsabilidad política.

La bancada de la Revolución Ciudadana presentó este 29 de diciembre de 2025 la solicitud formal de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. El pedido se fundamenta en presuntas irregularidades en actuaciones judiciales.

La iniciativa la impulsan cinco asambleístas: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso. Con ese respaldo, la solicitud se ingresó a la Asamblea Nacional para su trámite.

Veloz señaló que espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado por asambleístas de ADN y sus aliados, califique la solicitud. De hacerlo, el trámite pasaría a la Comisión de Fiscalización, también presidida por el asambleísta de ADN, Ferdinan Álvarez, para que dé paso al enjuiciamiento.

Asimismo, Veloz cuestionó la postura del presidente Daniel Noboa. Señaló que la “recomendación” tardía de renuncia a Mario Godoy no impide que la Asamblea avance con el juicio político. Afirmó que incluso una eventual dimisión no extingue la responsabilidad política.

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional a iniciar juicios políticos por incumplimiento de funciones. Esta atribución se aplica a autoridades de control y justicia, incluido el Consejo de la Judicatura. La norma permite el enjuiciamiento durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de su salida.

Artículo 131: La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

En ese contexto, la legisladora también cuestionó la vacancia legislativa y el plazo de ocho días otorgado a Godoy para preparar su defensa. A su criterio, estas decisiones sirvieron para ganar tiempo y blindar de forma política al presidente del CJ.

Contexto del caso del juez Carlos Serrano
El caso toma impulso tras la difusión de audios entre Henry Gaibor, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, y el juez Carlos Serrano. En las grabaciones se evidenciarían presiones para que el magistrado no sentenciara en un proceso penal.

El expediente corresponde al denominado caso Euro 2024. En ese proceso fue juzgado el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Serrano denunció que funcionarios del sistema judicial intentaron influir en su fallo. Pese a ello, dictó sentencia contra el acusado. Durante la audiencia de juicio, Srdan realizó una amenaza directa contra el juez. Hizo un gesto con el dedo sobre el cuello, de un extremo a otro, frente a la sala.

Después de ese episodio, al magistrado le fue retirada la seguridad asignada. La decisión generó alarma dentro y fuera de la Función Judicial. La combinación de presiones internas y la falta de protección motivó la renuncia de Serrano. El hecho se conoció públicamente en los días siguientes.

Godoy negó haber intervenido en el retiro de la seguridad. No obstante, en ese mismo período trascendió que su esposa, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan en la primera fase del proceso penal.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones

CATEGORIAS
Compartir este artículo