Asamblea Nacional inicia proceso de fiscalización a autoridades seccionales por presuntos incrementos patrimoniales injustificados
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, con el objetivo de analizar y dar seguimiento a los presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país.
La resolución faculta a la comisión para solicitar información, informes técnicos y documentación, así como convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. En un plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.
Durante la sustentación del proyecto, el asambleísta Fernando Jaramillo enfatizó que la fiscalización constituye una obligación constitucional orientada a garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Señaló que la ciudadanía demanda explicaciones claras respecto de los incrementos patrimoniales reportados por determinadas autoridades de elección popular desde el inicio de sus funciones.
El legislador recordó que la información difundida por la Contraloría General del Estado y diversas investigaciones periodísticas ha puesto en evidencia variaciones patrimoniales que merecen ser examinadas con rigurosidad y responsabilidad institucional. En ese contexto, sostuvo que el Legislativo debe ejercer plenamente sus facultades de control para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar la rendición de cuentas de quienes administran recursos públicos.
Durante el debate, varios legisladores destacaron la importancia de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto manejo de los recursos públicos. Enfatizaron que el proceso deberá desarrollarse con objetividad, respetando el debido proceso y permitiendo verificar la legalidad y justificación de las variaciones patrimoniales reportadas. Además, solicitaron la colaboración de entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI), dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Con esta decisión, el Parlamento reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de control democrático y la defensa del interés público, en beneficio de todos los ecuatorianos.
RSA – Asamblea Nacional