Opinión: La energía más cara es la que falta
Por: Marco Torres C.
La actual crisis eléctrica ecuatoriana exige evaluar a los gobiernos por la infraestructura que dejaron y su capacidad para anticipar las necesidades del país. Los gobiernos que impulsaron la expansión hidroeléctrica asumieron una responsabilidad estratégica: invertir para sostener la producción y el crecimiento. Los cuestionamientos por posibles sobreprecios, fallas o irregularidades deben investigarse y sancionarse cuando corresponda, pero no borran la utilidad de las obras. El Banco Central reconoce que, hasta 2018, la incorporación de proyectos permitió mantener la generación por encima de la demanda; posteriormente, ese equilibrio se deterioró. (bce.fin.ec)
El costo de una central debe compararse frente al costo de no construirla oportunamente. Una fábrica paralizada pierde producción, un comercio pierde ventas, un trabajador pierde ingresos. El Banco Central estimó que los apagones de 2024 ocasionaron USD 1.916 millones en pérdidas económicas y restaron 1,4 puntos porcentuales al crecimiento. Esa cifra no permite comparar directamente todos los posibles sobreprecios, pero demuestra la magnitud del lucro cesante y de los gastos adicionales provocados por la falta de electricidad. Postergar inversiones puede terminar siendo mucho más oneroso que ejecutarlas con oportunidad y controles adecuados. (bce.fin.ec)
La improvisación se pone en evidencia cuando la expansión y el mantenimiento dejan de acompañar al consumo. Entre 2019 y 2024, la demanda aumentó 16,8%, frente a apenas 6,4% de crecimiento de la generación bruta. CENACE registró una demanda máxima de 5.100,08 MW en 2025; si esta creciera entre 4% y 5% anual, alcanzaría aproximadamente 6.205 a 6.509 MW en 2030, como escenario ilustrativo, antes de añadir reservas de seguridad. La experiencia regional también exige precisión: para hogares de 300 kWh mensuales, una comparación de marzo de 2025 situó la tarifa de Ecuador en 9,46 centavos de dólar/kWh, frente a 18,36 en Perú , 19,69 en Chile y 20,76 en Colombia. Son tarifas al consumidor, no costos de generación: una tarifa baja pierde su ventaja cuando el suministro se interrumpe. cenace.gob.ec, celec.gob.ec, cne.cl)
Ecuador debe recuperar la decisión de invertir a largo plazo y ampliar las fuentes de financiamiento. La Constitución permite generación privada, aunque bajo un régimen excepcional, y la reforma legal de marzo de 2026 amplió las causales para su participación. Una apertura más estable merece debate constitucional, con competencia, contratos transparentes y regulación estatal. Reconocer el valor de la inversión pública anterior y facilitar nueva inversión privada son decisiones compatibles. La responsabilidad consiste en construir, mantener y diversificar a tiempo: la energía más cara es la que falta cuando el país necesita producir.