Aquiles Alvarez acude a la CIDH y denuncia persecución política del Estado ecuatoriano
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. (Foto: Canva)
Pichincha Comunicaciones. El alcalde de Guayaquil, en prisión preventiva por el caso “Goleada”, sostiene que se vulneraron sus derechos a la libertad personal y al debido proceso.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado ecuatoriano.
En el documento, el burgomaestre sostiene que es víctima de una persecución política que -según su versión- se ejecuta a través del sistema judicial y administrativo.
La acción internacional fue confirmada por su abogado, Ramiro García, quien aseguró que el trámite ya fue admitido para su revisión inicial.
“Es verdad que se presentó una petición, y que ya está en trámite”, señaló el jurista.
Señalamientos de persecución
En el escrito remitido a la CIDH, la defensa de Alvarez vincula los procesos penales del denominado caso “Triple A” y las actuaciones contra la empresa familiar Copedesa -relacionadas con un presunto tráfico de combustible- con una estrategia orientada a debilitar su gestión municipal y afectar su imagen pública.
El alcalde, que actualmente cumple prisión preventiva en el marco del caso ‘Goleada’, sostiene que se vulneró derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre ellos menciona la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial y el derecho al trabajo.
Según el documento, medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país habrían sido desproporcionadas y carentes de motivación suficiente.
Denuncias de injerencia
La petición también detalla supuestas injerencias en la administración de justicia.
De acuerdo con el documento, existirían antecedentes de remoción de jueces que emitieron fallos favorables al alcalde, así como incumplimientos de resoluciones que suspendían clausuras administrativas contra actividades vinculadas a su entorno empresarial.
Para Alvarez, estos hechos configurarían un patrón de presión institucional impulsado desde el Ejecutivo.
La CIDH deberá ahora analizar la admisibilidad del caso, verificar el cumplimiento de los requisitos formales -entre ellos el agotamiento de recursos internos- y determinar si procede abrir un proceso de fondo contra el Estado ecuatoriano.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones