‘Tasa de seguridad’: USD 600 millones, el impacto para los productores y el consumidor final en 2026

Pichincha Comunicaciones.  Para el ciudadano común, la gran interrogante es si los precios en las perchas subirán de inmediato. Javier Andrade, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, explica los alcances de esta medida.
Desde el pasado domingo 1 de febrero de 2026, el panorama comercial entre Ecuador y Colombia dio un giro drástico que ha dejado al Puente Internacional de Rumichaca en un estado de parálisis casi total.

Lo que inició como una decisión política del presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de una “tasa de seguridad”, se ha convertido en una guerra comercial abierta que amenaza con desestabilizar el abastecimiento, encarecer la vida de los ciudadanos y poner en riesgo miles de empleos en ambos lados de la frontera.

Para comprender el trasfondo técnico de este conflicto, Radio Pichincha te explica los puntos clave de la “tasa de seguridad” que puso el Gobierno a productos colombianos.

Javier Andrade, director de comercio exterior y estudios técnicos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, aclaró una confusión común entre la ciudadanía: Aunque popularmente se le denomina “arancel”, técnicamente es una tasa aduanera.

“No estamos hablando propiamente de un arancel… estamos hablando de una tasa aduanera en la que supuestamente hay la contraprestación de un servicio de control de seguridad”, señaló Andrade.

Esta distinción es crucial porque, al no ser un arancel tradicional, no se aplican las exoneraciones fiscales habituales para viajeros o regímenes especiales de producción, obligando a casi todo el universo de productos colombianos a pagar el recargo al ingresar a Ecuador, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima.

Un golpe de USD 600 millones al aparato productivo
El impacto económico de esta medida es masivo. Según las proyecciones de Andrade, basadas en las cifras de importación de 2025 que alcanzaron los USD 2.000 millones, el impacto anual de mantener esta tasa del 30% en este año sería de aproximadamente USD 600 millones para el consumidor final -por el incremento de precios- y para el productor -quien deberá asumir los precios, de forma parcial o total-.

Aunque el cálculo es una “matemática sencilla”, en la práctica el impacto real podría cambiar si el volumen de importaciones se reduce debido al alto costo de la tasa o si el consumo se estanca

Este costo no solo afecta a productos terminados, sino que golpea directamente a la industria nacional.

Andrade advierte que es difícil para las empresas encontrar una sustitución rápida de proveedores, especialmente cuando el 47% de las importaciones desde Colombia son materias primas e insumos necesarios para la producción en Ecuador.

Un ejemplo alarmante de esta crisis es el caso de la empresa Plasticaucho Industrial, fabricante de la marca de zapatos Venus. La firma ha tenido que suspender sus exportaciones a Colombia y analiza ampliar su planta en el país vecino para evitar el arancel, lo que podría derivar en una reducción de su nómina de 1.500 trabajadores en Ecuador.

Importador vs. El bolsillo del ciudadano
Para el ciudadano común, la gran interrogante es si los precios en las perchas subirán de inmediato.

Javier Andrade explica que el efecto se distribuirá entre el Estado (que recauda), el importador y el consumidor final.

“Si una colonia costaba USD 4 y ahora va a tener que costar USD 6, a lo mejor eso implica que ya no me la compran”, ejemplificó el técnico, señalando que algunos importadores podrían sacrificar sus márgenes de ganancia para no perder ventas, mientras que otros no tendrán más opción que trasladar el costo al usuario.

Actualmente, el impacto no se siente totalmente debido al stock en bodega, pero la preocupación crece a medida que las reservas se agotan.

En Tulcán, los residentes ya reportan un debilitamiento de la dinámica comercial histórica. Jorge Terán, habitante de la zona, calificó la medida como “negativa”, mientras que comerciantes locales como Daniela Pavón aseguran que sus gastos operativos han aumentado, lo que inevitablemente encarecerá el producto final.

Fantasma del contrabando
La situación en la frontera es crítica. El flujo de camiones de carga hacia Colombia ha caído de 60 vehículos diarios a solo tres o cuatro. Productos básicos como el arroz, azúcar, medicamentos y artículos de higiene están en la lista de mayor riesgo.

En el caso del arroz ecuatoriano, la crisis se agudiza porque Colombia prohibió su ingreso por vía terrestre como represalia.

Andrade y otros sectores advierten que esta barrera comercial crea un incentivo perverso para el contrabando. “Cuando hay este tipo de gravámenes adicionales, hay más incentivos para aquellos que se mueven en la economía ilegal”, sentenció Andrade. Al subir el precio de los productos legales, el mercado ilícito gana una ventaja competitiva peligrosa que podría desbordar los controles fronterizos.

Noboa, Petro y la sombra de Trump
El origen de esta disputa no es meramente económico. El presidente Daniel Noboa impuso la tasa el 21 de enero de 2026, alegando una falta de reciprocidad de Colombia en la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico.

La respuesta de Gustavo Petro fue inmediata, aplicando un arancel recíproco del 30% a productos ecuatorianos y bloqueando el arroz, aunque no hay una resolución específica desde lado colombiano.

Este conflicto ocurre en un momento de alta tensión regional, coincidiendo con la primera reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, encuentro que se desarrolló el 3 de febrero de 2026.

Allí, Petro solicitó a Trump que actúe como mediador para recomponer la relación con Ecuador y abrir un canal de diálogo con el gobierno de Noboa. La gestión, explicó, busca desactivar la escalada de tensiones que hoy se expresa en medidas comerciales y roces diplomáticos entre ambos países.

Así, Petro intenta aliviar las presiones de Estados Unidos retomando medidas como la fumigación con glifosato y vuelos de deportación, Ecuador mantiene la presión comercial en la frontera.

Un futuro incierto para la ciudadanía
Javier Andrade enfatiza que, a diferencia de economías grandes como la de Estados Unidos, que pueden absorber mejor estos choques, Ecuador y Colombia son socios demasiado integrados para soportar una ruptura de este tipo a largo plazo. “Lo que se busca más bien es apertura de mercado… y esto sin duda va en sentido contrario”, concluyó Andrade, haciendo un llamado al diálogo técnico y político para deponer las medidas.

Por ahora, la ciudadanía en general queda a la expectativa de las conversaciones entre cancillerías.

Mientras tanto, el comercio en Rumichaca sigue prácticamente paralizado, las empresas ajustan sus cuentas y el consumidor ecuatoriano empieza a sentir el rigor de una tasa que, más allá de la seguridad, está golpeando la estabilidad de sus hogares.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones