Tras meses de bloqueos, esta vez ADN votó a favor del juicio contra Inés Manzano y permitió su avance en Fiscalización

Con respaldo unánime de ADN y la Revolución Ciudadana, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra la exministra Inés Manzano por presuntas omisiones en los contratos de Progen y ATM.

Pichincha Comunicaciones. En una sesión virtual que duró poco más de 15 minutos este viernes 26 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La decisión fue adoptada por unanimidad, contando con los 10 votos de los legisladores presentes, incluyendo a los miembros de la bancada oficialista ADN y de la Revolución Ciudadana.

El proceso de interpelación es impulsado por los asambleístas de la oposición Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna. Los legisladores acusan a la exfuncionaria de incumplimiento de funciones debido a presuntas omisiones en los controles de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), proceso relacionado con la crisis energética e investigado por la Fiscalía como el “caso Apagón”.

Según los interpelantes, Manzano habría permitido desembolsos económicos a contratistas a pesar de que ya existían incumplimientos detectados.

Un giro político en la Comisión oficialista
A diferencia de intentos previos donde el oficialismo bloqueó e impidió el avance de procesos similares, esta vez fue la asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, quien presentó la moción para calificar el juicio, argumentando que la solicitud cumplía con los requisitos legales necesarios.

Al respecto, el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, defendió la postura de la comisión asegurando que actuarán conforme a las pruebas que se presenten en la transcurso del proceso de enjuiciamiento.

“Esta comisión no trabaja con base en chismes, cuentos y no trabaja por presión ni relatos falsos” expresó Álvarez.

Tras la calificación unánime, la Comisión de Fiscalización deberá establecer un cronograma para la sustanciación del caso. Se abre ahora un plazo de 15 días para que tanto los asambleístas acusadores como la exministra Manzano presenten sus pruebas de cargo y de descargo, respectivamente.

Una vez finalizada la fase de evacuación de pruebas, la mesa parlamentaria elaborará un informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá finalmente si se procede o no con el enjuiciamiento político.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones