Reforma al Cootad y ley minera acumulan 22 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional
La reforma al Cootad y la ley para fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía ya suman 22 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, presentadas por distintos sectores que cuestionan tanto el contenido de las normas como el procedimiento con el que fueron aprobadas en la Asamblea.
Pichincha Comunicaciones. Las más recientes leyes económicas urgentes impulsadas por el presidente Daniel Noboa acumulan acciones de inconstitucionalidad. La Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados —conocida como Ley de los GAD— suma hasta ahora 18 demandas desde su publicación en el Registro Oficial del Ecuador el 21 de febrero de 2026.
En paralelo, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, vigente desde el 2 de marzo, ya registra al menos cuatro acciones legales en su contra. Diversos colectivos y organizaciones adelantaron que presentarán nuevos recursos ante el máximo ente rector.
Cambios al financiamiento de los gobiernos locales
Una de las normas más cuestionadas es la reforma al Cootad. La norma modifica un aspecto central del sistema de financiamiento de los gobiernos seccionales —prefecturas, municipios y juntas parroquiales—: la forma en que se distribuyen las transferencias provenientes del Gobierno central.
La normativa establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 65% de su presupuesto a inversión en obras desde 2025, porcentaje que subirá al 68 % en 2027 y al 70 % en 2028. El resto del presupuesto podrá utilizarse para gasto corriente.
22 demandas contra la reforma al Cootad se presentaron ante la Corte
Dos acciones de inconstitucionalidad se presentaron este 9 de marzo de 2026.
Autoridades locales sostienen que esta fórmula no reconoce el costo del talento humano técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos. Según advierten, al no considerarse como inversión, podría distorsionar la contabilidad de las obras y exponer a municipios y prefecturas a sanciones o reducción de transferencias.
Asimismo, quienes cuestionan la reforma advierten que la normativa limitaría la capacidad de gestión de municipios y prefecturas y terminaría afectando programas sociales o servicios que dependen de esos presupuestos.
Además, esa norma obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a presentar informes trimestrales sobre la ejecución de su presupuesto. En caso de incumplimiento, el Gobierno central podría aplicar las reducciones económicas previstas en la Constitución.
Minería, energía y nuevas tensiones ambientales
La segunda norma en disputa es la Ley de Minería y Energía, presentada por el Gobierno como una reforma destinada a reforzar la rectoría estatal sobre estas actividades y actualizar el marco regulatorio del sector.
Sectores de oposición, organizaciones sociales y colectivos ambientales cuestionan la falta de deliberación y participación ciudadana durante su trámite legislativo. También advierten posibles vulneraciones al principio de unidad de materia, debido a que el texto reúne reformas mineras, energéticas, económicas e institucionales en un mismo cuerpo legal.
Entre los puntos más sensibles destacan la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, la introducción del silencio administrativo positivo —que permitiría avanzar proyectos extractivos sin pronunciamiento estatal— y la posibilidad de ampliar actividades mineras, incluida la extracción pétrea en Galápagos.
Cuatro demandas contra la ley minera se presentaron ante la Corte
En el ámbito energético, la ley introduce cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica relacionados con la generación distribuida, el autoabastecimiento energético y la creación de distritos autónomos de energía.
Adicionalmente, abre la puerta a la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria en proyectos vinculados con la generación eléctrica.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones