Presidente Guillermo Lasso veta parcialmente el proyecto de ley de aborto en casos de violación y pide unificar el plazo máximo a 12 semanas

El presidente Guillermo Lasso comunicó este martes su decisión de vetar parcialmente el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación aprobado por la Asamblea Nacional y que permitiría que las mujeres que resultaran embarazadas por una violación puedan abortar en un lapso de tiempo determinado.

La norma aprobada por la Asamblea Nacional estipula que el aborto por violación en el Ecuador podrá practicarse hasta las 12 semanas de gestación con excepción en las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad, puesto que para ellas el plazo se amplía hasta las 18 semanas.

En un comunicado el Ejecutivo indicó que realizó 61 observaciones al documento con “el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la CC (Corte Constitucional). Hay dos disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea, o que no son coherentes con nuestro marco legal.

El presidente pidió se unifiquen los plazos en todos los casos a 12 semanas y que la Corte ordenaba expresamente establecer requisitos para el acceso al aborto en casos de violación.

Así mismo señala que el parlamento ha olvidado la objeción de conciencia y por ende quiere “incluir artículos que garanticen a todos los profesionales de salud la aplicación de este principio constitucional”.

Ahora el proyecto de ley volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá 30 para decidir si mantiene el texto original o acoge la propuesta de la Presidencia de la República.

El proyecto de ley de 64 artículos, dos disposiciones generales, seis disposiciones transitorias, nueve reformatorias y una disposición final surgió tras la sentencia de la Corte Constitucional, que el 29 de abril de 2021 despenalizó el aborto en casos de violación, un fallo histórico que coincidió con la llegada a la Presidencia del centroderechista Lasso, abierto antiabortista.

La resolución fue aprobada por el pleno de la Corte, con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas, en un dictamen que declaró inconstitucionales dos cláusulas del Código Integral Penal (COIP) y abrió la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos en los que se constate una violación.

Históricamente en Ecuador el aborto ha estado penalizado con la cárcel, con la salvedad de que un médico lo practique para salvar la vida de una gestante o en caso de violación de una persona con discapacidad mental.

Sin sabor y decepción en ambos lados
La decisión del presidente no cayó bien ni en grupos que están a favor del proyecto ni en los que están en contra.

Martha Cecilia Villafuerte, de la Red Internacional al servicio de la Ciudadanía y agrupaciones ProVida y ProFamilia en Ecuador, manifiesta que esto deja en su comunidad un sin sabor porque ellos quieren un veto total, pero que ya se esperaban que esto pase porque el mandatario había dicho que respetaría la decisión de la Corte.

“La campaña que hemos hecho ha sido por un veto total, incluso por inconstitucionalidad porque viene de una sentencia que es inconstitucional… hemos estado trabajando con abogados provida viendo qué acciones podemos nosotros complementar para no solo bloquear la ley sino también la sentencia a mediano o largo plazo. (El veto parcial) es una complicidad al aborto en Ecuador”, dice Villafuerte, quien agrega que una ley que “atenta contra el artículo 45 de la Constitución” no puede tener apoyo de esa comunidad, que defiende la vida desde la concepción.

En tanto, Consuelo Bowen Manzur, directora del Litigio Estratégico Feminista del CEPAM Guayaquil, comenta que lo dispuesto por el presidente preocupa por la cantidad de observaciones que tiene el documento.

Bowen no está de acuerdo con la unificación de todos los casos a las 12 semanas pues comenta que eso dejaría por fuera a un gran sector de la población que no tiene acceso a la salud, especialmente en el área rural y sobre todo a las niñas y a los adolescentes, a las cuales les es difícil denunciar o poner en conocimiento cuando han sido violadas.

“Especialmente en el seno de la familia, sabemos de niñas cuyo embarazo ha sido descubierto ya cuando han pasado 20 semanas, 22 semanas, ya por el crecimiento de su vientre o por algún otro signo… también podemos colegir que pone requisitos. Recordemos que la Asamblea escuchó a varios expertos y expertas sobre el tema de requisitos, y una de las cuestiones que se incluyó es que no podía ponerse barreras que obstaculicen el acceso de las víctimas de violación sexual al aborto como opción. Habría que ver qué requisitos porque eso puede constituir una revictimización y una barrera”, apunta Bowen, para quien el otro tema de alerta es el de la objeción de conciencia porque es erróneo, pues argumenta que “la libertad de conciencia personal y no puede ser institucional”.

Mientras que Soledad Angus, abogada y activista feminista, concuerda y menciona que la posición del primer mandatario es desalentadora porque se introducen más requisitos y trabas para las víctimas de abuso sexual.

“Esto hará que el personal de salud pueda abstenerse o rehusarse de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Habrá que ver, esto va a ser muy delicado. (…) me parece que el anuncio del presidente, que en todo su redacción trata de decir que ha corregido los errores de la Asamblea para aplicar lo que dice la Corte Constitucional, es realmente una manipulación y una estrategia comunicacional, nada más”, apunta Angus, quien agrega que la Corte recoge el criterio de que los Estados deben eliminar las trabas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, incluida la objeción de conciencia.

Además menciona que ya el plazo dispuesto en el proyecto es restrictivo para casos como los de violación a las mujeres que tienen discapacidad mental, y eso representa una regresión de derechos para la mayoría de este grupo.

Cristina Franco, del grupo Abogados por la vida, opina que están decepcionados y un tanto alentados.

“El presidente ha ratificado, por un lado, que el aborto no es ningún derecho. Esto es muy importante mencionarlo y ha dado las condiciones por las cuales se puede acceder al aborto”, dice Franco, que también resalta el señalamiento que se hace al tráfico de órganos, algo que su grupo ha mencionado desde antes de la sentencia de la Corte.

“Él como colegislador pudo haber mejorado el texto y no haber exagerado con 12 semanas de gestación… cuando consideramos que el bebé ya está formado, esperábamos algo mejor… en ese sentido tenemos sentimientos encontrados”, apunta Franco, para quien es un error que el presidente se refiera en su comunicado a su religión, pues para ellos es un tema de derechos humanos. (I)

Tomado de El Universo – Foto El Universo