Por séptima ocasión no se instaló audiencia contra 20 militares acusados de sabotaje a radar de Montecristi

Todo esto coincide con el pedido que hace el alto mando policial y militar de tener sus propios tribunales de justicia especializados, agregó.

Luis Córdova, docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, consideró que en la administración de justicia hay topos que se encargan de colocar jueces en ciertos casos considerados de relevancia, para favorecer a intereses políticos o económicos.

Citó el informe de Contraloría donde se evidencia que más de 723 funcionarios de la Judicatura tenían acceso a cambiar los sorteos de las causas judiciales para asignar a jueces: “Es una red de crimen organizado”.

Detalló que con estas claves, los funcionarios podían cambiar o asignar jueces a conveniencia de quien les pagaba. Así se explica lo ocurrido con Jorge Yunda o el primer habeas corpus de Jorge Glas, puntualizó Córdova.

“Hay una serie de casos donde los jueces fueron puestos casi a dedo y se supone que había un sistema automatizado de sorteos”.

Reclamó que si aquello no se resuelve y los funcionarios no son evaluados y excluidos de la Judicatura, no se resolverá los problemas del sistema judicial, aunque se tenga la intención de financiamiento  o mejorar las leyes.

Ejemplificó también con el caso de sabotaje del radar de Montecristi, cuya audiencia de formulación de cargos, contra 20 militares, fue suspendida por séptima ocasión, esta vez por amenaza de bomba.

El especialista recordó que para llegar a esta audiencia tuvo que pasar más de un año para identificar a los posibles responsables del sabotaje y ahora por séptima ocasión se suspende la audiencia. Precisamente esto coincide con el pedido que hizo el alto mando policial y militar de tener sus propios tribunales de justicia especializados.

“En el 2009 se les quitó estos tribunales por mandato orgánico de la Función Judicial, porque se vuelven juez y parte y porque además es un parámetro de Derechos Humanos internacional”.

Recordó que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que los policías y militares no pueden tener sus propios tribunales, pues deben ser juzgados bajo el estándar común de los demás ciudadanos: “Eso es democracia, pero les incomoda las instituciones democráticas, por eso ahora hablan de que para combatir el terrorismo necesitan tribunales especiales”.

Enfatizó que con los tribunales ordinarios no se ha podido llevar a cabo un juzgamiento por sabotaje del radar de Montecristi. Entonces qué se podría esperarse con uno armado por los propios involucrados: “Es grave”

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Foto: Pichincha Comunicaciones