Legisladores realizan modificaciones al proyecto de ley de atracción de inversiones
Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, luego de incluir en el texto las observaciones recibidas por los legisladores, autoridades del sector público y organizaciones de la sociedad civil; revisaron las modificaciones realizadas al proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, calificado como urgente en materia económica por el Presidente de la República.
Los asambleístas coincidieron que en el apartado referente a las asociaciones público privadas (APP), se debe establecer de manera expresa que las distintas modalidades contractuales de la gestión delegada no representan la privatización o la enajenación de bienes del Estado, existentes o nuevos.
El legislador John Vinueza propuso que las entidades delegantes de servicios básicos no puedan encargar la administración misma de estos, con el objeto de no generar cobros por servicios de salud, educación, seguridad social, seguridad pública y servicios judiciales; sin embargo, la legisladora Wilma Andrade aseguró que este cuerpo legal y la Constitución de la República prohíbe el cobro de tarifas por estos servicios.
Vinueza sugirió agregar que una de las atribuciones del Comité Interinstitucional de APP sea autorizar las delegaciones de proyectos a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); ante lo cual Wilma Andrade aseguró que contradice la autonomía de estas entidades y que se debe evitar los procesos centralizadores.
Con el objeto de controlar el origen de los fondos de las entidades inversoras, al artículo 17 que hace referencia a las funciones de la Secretaría Técnica de APP y gestión delegada, se agregó un inciso que solicita informes de licitud de fondos provenientes del exterior.
Otro tema, en revisión fue el Libro III, correspondiente a zonas francas. El representante del Ministerio de la Producción, Bolívar Figueroa aseguró que el articulado plantea dos regímenes jurídicos diferentes. Por un lado, el destino aduanero para las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes), mientras que para las zonas francas se establece el régimen franco. Esto generaría una confusión jurídica innecesaria y un desgaste para el Estado.
Además, sugirió no incluir de manera expresa el concepto de extraterritorialidad porque se puede interpretar como que las zonas francas son territorios jurídicamente fuera del país, lo que podría incurrir en actividades económicas fuera de legislación ecuatoriana.
Por su parte, el asambleísta César Rohon propuso un monto mínimo de inversión de USD 150 mil para las organizaciones que deseen establecerse en zonas francas, con el fin de que las pequeñas empresas puedan acceder a los beneficios planteados en este cuerpo legal.
El presidente de la Comisión, Daniel Noboa suspendió la sesión para continuar la revisión del texto en la sesión vespertina.
BG/pv
Fuente: Asamblea Nacional