Fondos complementarios de universidades de Chimborazo solicitan a la Asamblea garantizar se recupere la administración privada de sus partícipes
El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó, en comisión general, a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de las instituciones de Educación Superior de Chimborazo, como es la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) y de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (DESPOCH), quienes solicitan garantía para la recuperación de la administración privada de los fondos a sus partícipes.
Gustavo Cárdenas, presidente Consejo de Administración; Carmen Ullari, presidenta de la Asamblea de Representantes; y, Ángel Silva, vocal del Consejo de Administración FCPC-DESPOCH plantearon que se modifique la disposición transitoria segunda de la Ley que reforma a las leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a sus Partícipes, vigente desde octubre 2021.
Este planteamiento tiene como fin establecer un nuevo plazo para el traspaso de los fondos a la administración privada, toda vez que los 180 días máximos, establecidos en la Ley, no se cumplió.
“Debido a los errores de la administración pública, al no haberse realizado el traspaso dentro del plazo legal, los partícipes del fondo vemos frustrada nuestra lucha, ya que ante este vacío normativo no existe disposición jurídica que regule el procedimiento para los casos en el que no se haya realizado el traspaso de los fondos dentro del plazo máximo de 180 días, dijo Carmen Ullari, presidenta de la Asamblea de representantes FCPC-DESPOCH.
Además informó que los fondos de cesantía de la Universidad Nacional de Chimborazo están destinados a ofrecer un auxilio financiero a docentes, empleados y trabajadores en caso de despido y jubilación.
Por tanto, plantearon como otras alternativas a sus soluciones ejecutar acciones legales o constitucionales; o la reforma de la resolución de la política de la Junta de Política y Regulación Financiera para que den solución a más de 20 mil docentes y politécnicos del Ecuador. Recalcaron que se les ha privado injustamente del derecho legítimo a administrar sus propios recursos; que son más de 600 partícipes de la Unach y 20 fondos que se encuentran bajo la administración del BIESS que están a la espera de la habilitación del plazo para el cumplimiento de la Ley.
RSA/am – Asamblea Nacional