Fiscalización continúa recepción de testimonios en juicio contra Ruth Arregui, Superintendenta de Bancos

La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de pruebas testimoniales, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por Darwin Pereira en contra de Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, por incumplimiento de funciones determinadas en la Constitución y la ley.

En esta oportunidad participaron dos perjudicados por la banca privada, así como ex y actuales funcionarios de la Superintendencia de Bancos, estos últimos por pedido de la principal de la entidad, Ruth Arregui, como parte de las pruebas de descargo.

Inicialmente, Aníbal Medina explicó un perjuicio por 27.500 dólares en su contra, en junio de 2021, mediante dos transacciones a cuentas de dos bancos. En el primer caso, uno de esos bancos le devolvió el dinero, para lo cual retuvieron a dos extranjeros, quienes eran los beneficiarios de esa transacción; le pusieron en la disyuntiva de pagar a quienes reclamaban el dinero y detenerlos en flagrancia, pero ese valor estaría bloqueado por varios meses, o devolverle el efectivo. Por la necesidad de utilizar esos recursos, aceptó lo segundo.

Sobre el segundo banco, no ha tenido respuesta, pese a que pidió se bloquee la transacción, por 14 mil dólares. “Ni el banco, ni la Superintendencia me han dado respuesta a sus reclamos”, dijo Medina.

Así mismo, Daniel Francisco Montenegro, también perjudicado, aseguró que en 2004 se hicieron transferencias de su cuenta por 3.200 dólares, en varias transacciones y el banco le dijo que era su responsabilidad, que él debió haber dado la clave de su tarjeta de débito y que el banco no tenía responsabilidad alguna.

Más tarde, Edward Freire exsecretario regional de la Superintendencia, defendió su gestión respecto de la captación ilegal de dinero a través de Big Money, estructura de propiedad de Miguel Ángel Nazareno Castillo. Se estableció una multa de 200 mil dólares. Recordó que la actuación de la autoridad de control es eminentemente administrativa, puesto que la investigación penal corresponde a la Fiscalía.

Asimismo, Amparo Espinoza, Octavio Burno y Karina Macías, funcionarios de la Superintendencia, destacaron que se ha cumplido a cabalidad el control de las instituciones financieras del país. Igualmente, en materia de atención a los reclamos de la ciudadanía, subrayaron la existencia de canales electrónicos y el balcón de servicios para tramitar los requerimientos del público.

Finalmente, Gabriel Oyague y Arturo Morales, ganadores del concurso para defensores del cliente asignados a los bancos Pacifico y Coopnacional, defendieron la legalidad del proceso, ya que se cumplieron todos los pasos previstos en la convocatoria, la calificación de méritos y las pruebas de oposición, en cumplimiento del reglamento respectivo.

EG/pv

Fuente: Asamblea Nacional