Escenarios Políticos Post Electorales 2025

Escenarios Políticos Post Electorales 2025
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•Panorama político tras la victoria de Daniel Noboa

El resultado de la segunda vuelta arrojó una victoria sorpresivamente amplia: Noboa se impuso con el 55,6 % de los votos válidos frente al 44,4 % de González. Esta ventaja contrasta con un escenario legislativo inicialmente fragmentado: la Revolución Ciudadana obtuvo 67 curules (hoy ya con un integrante menos) y ADN 66, configurando una Asamblea Nacional sin mayorías automáticas. No obstante, anuncios y acercamientos políticos realizados en los días posteriores a la elección sugieren que ADN podría articular una mayoría funcional, con el respaldo de legisladores independientes, disidentes y de otras fuerzas menores, sin descartar, del todo, que la RC pueda intentar lograr sumar los once votos que requiere.

La contundente victoria de Noboa sorprendió al espectro político y mediático, la mayoría de encuestas previas al ballotage proyectaban un empate técnico. Ni los voceros, ni los estrategas más cercanos a Noboa se animaban a anticipar un triunfo amplio. Su estrategia de comunicación fue cautelosa hasta el cierre, evitando gestos de exceso de confianza. La campaña de González no logró ampliar su base electoral ni contrarrestar los ataques manifestados en temores y rechazos acumulados. Las alianzas de Revolución Ciudadana con Pachakutik, Centro Democrático, Partido Socialista y otros movimientos y organizaciones sociales, no tuvieron el efecto esperado.

•Escenarios iniciales del mandato 2025–2029: continuidad, exigencias inmediatas y dinámica institucional

A diferencia de los anteriores cambios de gobierno, el nuevo mandato presidencial de Daniel Noboa no marca un punto de quiebre institucional, sino una continuidad política. Podemos considerar que el período presidencial 2025–2029 comenzó el 14 de abril, al día siguiente de la segunda vuelta, convirtiendo la posesión del 24 de mayo en una formalidad protocolaria y no en el inicio de una nueva gestión. En consecuencia, no habrá un período de transición y la ventana de gracia política y mediática será, probablemente, corta. Esto se traduce en una expectativa ciudadana inmediata por la ejecución de políticas públicas y la solución de problemas estructurales —seguridad, empleo, economía— cuya urgencia se ha mantenido constante durante los últimos años.

•Institucionalidad y conformación del equipo gubernamental

El entorno de alta presión social y política requiere una administración pública que opere con eficiencia, capacidad técnica y liderazgo político. Ante esta necesidad, el Presidente ha anunciado una reformulación de su gabinete y cuadros sectoriales. En las próximas semanas podrían existir más cambios en el alto nivel de gobierno, que refresquen el gabinete con perfiles con experiencia y resultados.
Estos ajustes serán clave no solo para la eficiencia de la gestión, sino también para consolidar gobernabilidad y alinear la acción del Ejecutivo con el nuevo equilibrio político que surge del resultado electoral. El resultado de las urnas debe traducirse en una arquitectura institucional sólida, capaz de implementar decisiones en un entorno de alta complejidad.

•Gobernabilidad y correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional

El nuevo mapa legislativo refleja un equilibrio entre los dos principales bloques: Revolución Ciudadana con 66 curules y Acción Democrática Nacional con 66. A estos se suman 8 asambleístas de Pachakutik, 4 del Partido Social Cristiano y 6 de otros movimientos y listas locales o independientes y 1 asambleísta independiente ex -RC. ADN ha reportado, tras su victoria, haber recibido el respaldo informal de varios legisladores electos, lo que permitiría pensar en alcanzar al menos los 77 votos necesarios para conformar una mayoría absoluta. Este umbral es suficiente para elegir autoridades legislativas y conformar comisiones, así como para aprobar proyectos de ley. No obstante, se mantiene como poco probable —al menos en el corto plazo— la posibilidad, para cualquier bloque, de alcanzar una mayoría calificada de 101 votos, requerida para procesos más complejos como, por ejemplo, la censura a ministros de Estado.

•Asamblea Constituyente: proceso, cronograma e implicaciones políticas

El presidente Daniel Noboa ha ratificado su intención de convocar a una Asamblea Constituyente, posicionando al año 2025 como uno de alta actividad política y electoral. Este proceso incluiría, en principio, al menos tres etapas clave: (i) un referéndum para autorizar su convocatoria, (ii) una elección de asambleístas constituyentes, y (iii) un referéndum final para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. El último podría coincidir con el año preelectoral de las elecciones seccionales de 2026.

Aunque el proceso plantea una pausa temporal en la definición de ciertas políticas, también representa una oportunidad para debatir e incorporar reformas estructurales largamente discutidas. Entre ellas podrían estar reformas laborales, una reingeniería tributaria, nuevas condiciones para alianzas público-privadas, reformas en arbitraje internacional y electoral, entre otras.

Durante el desarrollo del proceso, será clave monitorear tanto el diseño institucional como la integración de los actores que impulsen o resistan cambios. La coexistencia entre la legislación vigente y un eventual nuevo marco constitucional podría generar tensiones normativas o superposiciones de competencias, por lo que se recomienda atención técnica continua por parte de los sectores interesados, incluyendo el sector empresarial y productivo.

Cabe agregar que, en paralelo, otros temas de agenda electoral podrían desarrollarse a lo largo del año. Entre ellos, la posible convocatoria a un proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Todos estos procesos podrían generar tensiones adicionales al cronograma institucional, así como disputar la atención de la opinión pública y los recursos políticos del Ejecutivo y de otros actores relevantes.

•Problemas de urgente atención:

o Inseguridad

La principal preocupación ciudadana continúa siendo la inseguridad. Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 homicidios intencionales en Ecuador, según cifras del Ministerio del Interior. Esta violencia sostenida, vinculada al crimen organizado, requiere estrategias integrales: inteligencia policial, reformas al sistema penitenciario, coordinación interinstitucional y presencia estatal efectiva, pero también recomposición económica y social. La ausencia del Estado en determinados territorios, la falta de alternativas y oportunidades, ha sido aprovechada por estructuras criminales que se consolidan como formas paralelas de autoridad.

Además, el lavado de activos es un componente clave del fortalecimiento del crimen organizado. Aunque Ecuador cuenta con instituciones como la UAFE, la magnitud del problema exige mejoras en la trazabilidad financiera, colaboración internacional y un enfoque más robusto para atacar los circuitos económicos que sostienen la criminalidad.

o Políticas sociales

Persisten desafíos estructurales como la pobreza, la desnutrición infantil, la deserción escolar y el acceso a servicios básicos. Según el INEC (diciembre 2024), la pobreza multidimensional afecta al 40,8% de la población, siendo más severa en zonas rurales (71,2%). La desnutrición crónica infantil alcanza el 20,1% en menores de 2 años. Además, hay una caída sostenida en la matrícula escolar: en el período 2024-2025 hay 95.979 alumnos menos que el año anterior y más de 620 mil menos que hace una década.

Estos indicadores evidencian que el combate a la exclusión debe ser parte central de la estrategia de seguridad y desarrollo. Las políticas sociales requieren planificación, priorización y financiamiento para tener un impacto real y sostenido.

o Economía

La economía ecuatoriana enfrenta desequilibrios fiscales, baja inversión y estancamiento laboral. El déficit fiscal del primer trimestre de 2025 alcanzó los USD 726 millones, el tercero más alto de la última década, para un primer trimestre. El Banco Central ha informado de la contracción de la Economía en 2024 al -2% del PIB. Según el INEC (febrero 2025), solo el 35,4% de la población tiene empleo adecuado, mientras el subempleo y el desempleo afectan al 19,3% y 3,5% respectivamente.

El presidente Noboa anunció la entrega de nuevos bonos sociales en 2025, lo que podría generar presiones sobre el gasto corriente si no se acompaña de una estrategia fiscal eficiente. Además, el entorno internacional se ha vuelto más adverso: el presidente estadounidense Donald Trump anunció el 3 de abril la imposición de aranceles del 10% a importaciones desde Ecuador, afectando al banano, camarón y flores, pilares de las exportaciones no petroleras del país que, de no optimizarse las acciones de política pública para aprovechar la oportunidad coyuntural frente a los competidores que tienen aranceles superiores, podría generar aún mayores dificultades.
Por otro lado, el precio internacional del petróleo se encuentra en tendencia a la baja, lo cual representa un riesgo fiscal importante para Ecuador, dado que la economía depende, en parte, de los ingresos petroleros. La caída de precios internacionales reduce las expectativas de ingreso para el Estado, limita el margen de maniobra fiscal y presiona al gobierno a buscar financiamiento alternativo. A esto, se suma la salida de operaciones del ITT.

o Sociedad fracturada

Pese a la victoria de Noboa en segunda vuelta con más de 11 puntos de diferencia, los niveles de polarización política y social siguen siendo evidentes. Según el Latinobarómetro 2025, solo el 8% de los ecuatorianos confía en otros ciudadanos, y la confianza en el poder judicial y legislativo apenas llega al 18%, muy por debajo del promedio regional.
Esta desconfianza institucional, sumada a la fatiga cívica y la fragmentación social, genera un entorno difícil para el ejercicio del poder. El gobierno deberá trabajar en reconstruir la legitimidad estatal, recuperar espacios de diálogo y fomentar mecanismos de participación ciudadana para evitar nuevas formas de conflictividad.

o Condiciones sistémicas para la reactivación productiva

El nuevo gobierno tendrá que priorizar condiciones estructurales que permitan la reactivación económica en un contexto de guerra interna y crisis social. La inversión en infraestructura y servicios básicos se vuelve necesaria para garantizar continuidad productiva.

En este sentido, deviene indispensable tomar las acciones para evitar se repitan escenarios de crisis energética, una estrategia nacional de reconstrucción de carreteras para rescatar la conectividad, la competitividad, el turismo y el acceso a servicios, para lo cual la óptima operación del sistema de contratación publica y/o la efectiva implementación del marco regulatorio de APPs es crucial.

Finalmente, el contexto geopolítico plantea nuevos desafíos: la confrontación EEUU – China, la posibilidad de una recesión mundial, la potencial deportación masiva de migrantes y su impacto en las remesas —una fuente clave de ingresos para muchas familias y la macroeconomía ecuatoriana— exigen una política activa de generación de empleo interno y reactivación productiva para absorber a esa posible población en retorno y reducir su vulnerabilidad y evitar mayores migraciones.

o Riesgos políticos y regulatorios generales

El principal riesgo estructural para el sector privado en Ecuador sigue siendo la debilidad institucional y la volatilidad en la aplicación de políticas públicas. Aunque el presidente Noboa cuenta con un mandato fortalecido por el resultado electoral, la necesidad de construir mayorías parlamentarias, caso por caso, podría derivar en concesiones políticas que impacten en ciertos sectores económicos. Esto podría incluir eventuales reformas tributarias, nuevas regulaciones sectoriales, o la activación de iniciativas populistas con impacto económico.

A ello se suma el hecho de que el Ejecutivo ha ratificado su intención de convocar a una Asamblea Constituyente. En términos prácticos, esto implica una posible redefinición del marco normativo del país a mediano plazo. Aunque los efectos jurídicos y económicos dependerán de los contenidos que se planteen y aprueben, la sola convocatoria podría generar incertidumbre sobre las reglas futuras en temas como derechos laborales, formas de contratación, modelos de asociación público-privada o el régimen de inversión extranjera. Para los actores privados, este es un frente de seguimiento permanente que puede condicionar decisiones estratégicas de inversión o expansión.

• Conclusiones: Oportunidades, desafíos y riesgos:

Como lo mencionamos anteriormente, dado que se trata de una continuidad en la gestión, la “luna de miel” que suele definirse para las autoridades electas, probablemente tenga un parámetro temporal diferente a los cien días, pudiendo ser más o menos largo, dependiendo de a qué segmento se refiera (clase política, opinión pública, ciudadanos) y cómo el gobierno administre las prioridades políticas y de gestión. Pueden jugar en favor la coyuntura y las habilidades comunicacionales del Presidente.

1. Oportunidades

• Ajustes en el Gabinete Presidencial: la presencia en el territorio en el último mes y la mejor comprensión del efecto de ello en términos de gestión, le puede dar al Presidente mayores claridades sobre áreas en las que debe fortalecerse la gestión del ejecutivo. Apoyar la gestión con cuadros con experiencia sectorial y en gestión pública será clave para enfrentar el nuevo periodo y proyectar estabilidad institucional y confianza.

 

• Consolidar gobernabilidad: frente al inicio del nuevo periodo legislativo, el oficialismo está en una posición que le permitiría ampliar su número de integrantes en su bloque, incorporando asambleístas electos por otros movimientos que le permita impulsar reformas de su portafolio con mayor fortaleza, sabiendo que un escenario de mayorías calificadas para juicios políticos a los ministros, por ejemplo, es de baja probabilidad, lo que le da margen de trabajo y reduce la presión. Lograr la mayoría para la integración de la Asamblea (presidencia, vicepresidencias, CAL, comisiones) es el principal desafío, que aparece de cumplimiento posible para el gobierno antes del 14 de mayo.

• Continuar con iniciativas de gestión esenciales para estabilidad económica: las políticas, planes, proyectos y acciones sobre los sectores petrolero, minero y eléctrico pueden continuar como lo tenía previsto el Gobierno y deberían acelerarse para consolidarse en el 2025, momento en el que el Gobierno estará en su pico de valoración y credibilidad interna y externa.

• Aprovechar que problemas identificados por la gente están focalizados en pocos puntos: El ánimo y el sentimiento ciudadano siguen siendo negativos en gran medida, sin embargo, por la coyuntura del inicio de un nuevo mandato, se percibe una oportunidad de estado de ánimo positivo hacia el futuro, es decir, habría esperanza de cambios positivos en la percepción ciudadana. Eso ofrece espacio y tiempo de acción, sin embargo, seguridad y economía son los problemas a los que la gente le preocupan más, por largo. Enfocarse en el tema de seguridad, con resultados que permitan revertir los datos estadísticos de forma progresiva, tendrá impacto favorable sobre la economía.

•Ampliar base de aprobación: promoviendo unidad, no concentrando la agenda política en rivales políticos, sino atendiendo a la gente, desmarcarse de actitudes de políticos que la gente rechaza, tender puentes con sectores representativos de otras tendencias. El Presidente ha considerado perfiles de representantes gremiales para ocupar cargos relevantes (Embajadas, ministerios, viceministerios), lo que le permitiría tener un frente parcialmente alineado, sin embargo, quedan otros sectores que pueden tener una aproximación de gestión posible.

2. Desafíos

• Gestión: El invierno todavía tiene presencia importante en el país, sobre todo en la costa, con efectos todavía no cuantificados en las economías de productores (grandes y pequeños), en las cadenas productivas y en el costo final de la canasta básica (respecto de productos alimenticios que puedan verse afectados). Seguridad como punto crítico de atención porque afecta transversalmente, ya no es solamente a una región o un grupo social. La renegociación de los contratos de concesión a las telefónicas, potenciar el avance de las concesiones mineras ya otorgadas para que inicien sus etapas de inversión intensiva y ampliar la producción petrolera pueden ser las prioridades gubernamentales que mayor rédito puedan dar a las arcas públicas. Transferencias a GAD y pagos a proveedores, es otro elemento que exigirá atención al Gobierno.

•Ofertas de campaña: Administrar la terminación de algunos incentivos temporales sin que genere reacción de los receptores (bono de empleo joven), cumplir con la entrega de los bonos ofrecidos en el primer trimestre y en general con las propuestas con las que la gente se quedó. Juega en favor del ejecutivo que, por el contexto de la campaña que fue más de ataques que de propuestas, son segmentos específicos que deben monitorearse. Sin embargo, en ciudades como Quito, se hicieron propuestas importantes que requerirán una planificación e información (ampliación del Metro a Calderón, Universidad del Sur).

• Sostenibilidad: Los datos del BCE nos indican que en el 2024 hubo una contracción del 2% del PIB, en paralelo se hicieron descuentos de planillas eléctricas, se entregaron bonos y se ofrecieron otros bonos adicionales. El precio del petróleo está por debajo del valor proyectado en la proforma presupuestaria, el invierno ha presentado dificultades y hay infraestructura (vial, por ejemplo) que exigirá acciones inmediatas, servicios que la gente siente de primera mano (salud, cédulas, pasaportes), que requerirán asignaciones de recursos.

3. Riesgos

• Agenda política: priorizar la agenda política descuidando el eje de gestión. El anuncio de una asamblea constituyente y todo lo que implica desde el diseño jurídico hasta la implementación política no debería ser un distractor que afecte la gestión gubernamental en este año. Aparte de la incertidumbre que esos procesos traen normalmente, implica un nuevo proceso electoral, que puede desgastar el ánimo de los electores. La asamblea constituyente podría coincidir con el año preelectoral de los gobiernos seccionales, en donde el gobierno querrá consolidarse como fuerza política, pudiendo también ser otro distractor. Por ello la importancia de apuntalar los equipos de gobierno con cuadros con experiencia en gestión. Las designaciones de nuevo Fiscal y la eventual renovación del CNE podrían ser otros espacios en los que la agenda pueda generar discusión política de orden nacional, que debería evitar desgaste en el Gobierno.

• Reformas normativas: se ha comenzado a escuchar de algunos comentaristas, propuestas de reformas tributarias. Administrar la necesidad de reformas, sus impactos más allá del balance económico frío; y, considerar el balance social, será un desafío para el gobierno para la implementación y legitimidad de potenciales reformas como las mencionadas.

• Administrar la responsabilidad de la gestión: El gobierno continúa, ya conoce por más de un año y medio la realidad del país, se cumplirán 8 años desde que el rival político más intenso dejó de ser gobierno; y, al término del periodo del Presidente Noboa, ya se habrá superado todo el tiempo que Correa gobernó, por lo que deberán gestionarse las acciones gubernamentales con habilidad y eficiencia ya que responsabilizar a gobiernos anteriores podría ser cada vez más difícil y continuar con la asignación de culpas a otros podría ser cada vez menos creíble.

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21/04/25
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