Comisión legislativa aprueba resolución que condena la persecución política en el país

La mesa parlamentaria de Garantías Constitucionales rechazó la detención de Luisa González e inició una fiscalización a las autoridades energéticas por las desconexiones industriales.

Pichincha Comunicaciones. La Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Verónica Iñiguez, aprobó este 22 de octubre de 2026 una resolución contra la presunta persecución política, el deterioro democrático y el uso de las instituciones públicas con fines políticos en el país.

Con ocho votos a favor, los legisladores respaldaron la moción presentada por el asambleísta Héctor Rodríguez. La iniciativa expresa su rechazo a la detención de la excandidata presidencial y dirigente opositora Luisa González, registrada durante la madrugada de este jueves.

En la misma sesión, la mesa legislativa aprobó una segunda resolución, propuesta por el asambleísta Lenin Barreto. Esta medida dispone fiscalizar las desconexiones obligatorias del servicio eléctrico, impuestas por el Gobierno al sector industrial. La investigación también buscará establecer las consecuencias de estas restricciones sobre la producción nacional y las posibles responsabilidades de las autoridades involucradas.

Detención a Luisa González

Durante el debate sobre el cambio del orden del día, los comisionados denunciaron que la detención de Luisa González, efectuada durante la madrugada del 22 de octubre, forma parte de un presunto patrón sistemático de persecución y amedrentamiento contra los adversarios políticos del régimen.

Los parlamentarios señalaron que estas actuaciones judiciales e institucionales no solo afectan a González, sino que se suman a otras medidas adoptadas contra distintas autoridades y figuras políticas.

Entre ellas, mencionaron los casos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; el exvicepresidente Jorge Glas; y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. También hicieron referencia al reciente allanamiento de las dependencias del Municipio de Quito, que, según denunciaron, buscaría afectar al alcalde Pabel Muñoz.

Según los asambleístas, el Ejecutivo estaría utilizando el aparato fiscal y judicial como un mecanismo de intimidación durante el periodo electoral. A su criterio, estas acciones también buscarían desviar la atención de la crisis de gestión que atraviesa el país en sectores como salud, seguridad y electricidad.

Frente a este escenario, la resolución aprobada por la comisión exige a las instituciones del Estado garantizar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Además, reclama que se preserve la independencia de la administración de justicia frente a posibles interferencias políticas.

De igual manera, el texto aprobado dispone que la Secretaría Relatora notifique este pronunciamiento a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Entre las instancias mencionadas constan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Finalmente, los integrantes de la mesa legislativa enfatizaron la necesidad de acudir a las instancias internacionales para denunciar estas actuaciones. Según señalaron, el objetivo es evitar que la prisión preventiva sea utilizada como una herramienta de neutralización política contra autoridades y dirigentes de oposición.

Fiscalización a la situación energética

De forma paralela, la mesa legislativa aprobó, con ocho votos afirmativos, una resolución para fiscalizar las desconexiones del servicio público de energía eléctrica. Estas medidas, impuestas desde septiembre de 2026, afectan a los consumidores industriales de alto y medio voltaje en el país.

Los legisladores justificaron la decisión al señalar que las desconexiones obligatorias han provocado graves afectaciones al aparato productivo nacional. Según advirtieron, estas restricciones ponen en riesgo las operaciones de cerca de 9.000 empresas y amenazan la estabilidad de más de 400.000 empleos directos.

En este contexto, la investigación parlamentaria buscará verificar la legalidad de las órdenes emitidas por el Ejecutivo, así como la intervención de la fuerza pública en las instalaciones industriales. Además, evaluará las garantías de reparación para los usuarios afectados y determinará las posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas de los servidores públicos involucrados.

Para desarrollar este proceso de fiscalización y control político, la comisión convocará al ministro de Energía y a las autoridades del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). También solicitará la comparecencia de los directivos de las empresas eléctricas estatales, así como de representantes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones