Comisión de Régimen Económico apoya la proforma 2026, pese a cifras ‘infladas e inciertas’ y a la violación de regla fiscal

Con fuertes medidas de seguridad se desarrolla la reunión entre el presidente Noboa y el secretario Marco Rubio.

Policías y militares alrededor del Palacio de Carondelet. (Foto: Radio Pichincha).

La mesa legislativa, con mayoría oficialista, aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2026 y la Programación Cuatrianual.

Pichincha Comunicaciones. La Comisión de Régimen Económico aprobó, con seis votos a favor, el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y la Programación Cuatrianual 2026-2029.

Este informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del presupuesto enviado por el presidente Daniel Noboa.

El Presupuesto General del Estado para 2026 asciende a USD 46.225,57 millones.

Si bien la Comisión de Régimen Económico respaldó la proforma, analistas expresaron serias preocupaciones sobre los supuestos macroeconómicos y la composición de los ingresos, calificándolos de altamente optimistas e inciertos.

El economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), advirtió -en La Hora- que la proforma presupuestaria va “en contravía de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal”, debido a que los ingresos no alcanzan siquiera a cubrir los gastos corrientes.

Analistas económicos consultados por Radio Pichincha señalan que el presupuesto descansa sobre ingresos que han sido catalogados como “ficticios” o que “no tienen sustento real”.

La proforma incluye, por ejemplo, USD 5.442 millones en ingresos por transferencias de capital. Estos fondos provendrían principalmente de la supuesta monetización de activos petroleros y mineros, ventas futuras, OPC y otros mecanismos aún no definidos.

Según el diagnóstico, estos ingresos inciertos fueron incluidos para inflar el presupuesto y cumplir, al menos en el papel, con las obligaciones constitucionales que exigen un aumento anual del 0,5% del PIB para los sectores de salud y educación.

De no concretarse estos ingresos por concesiones o venta de activos, el Estado se verá obligado a seguir endeudándose, aumentar los atrasos con proveedores y gobiernos seccionales, y reducir la ejecución de inversión pública (obra pública).

Los supuestos macroeconómicos que sostienen el presupuesto incluyen un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 139.046 millones.

Endeudamiento millonario
El Gobierno de Daniel Noboa deberá conseguir al menos USD 16.055 millones en nueva deuda durante 2026 para financiar el Presupuesto General del Estado. Estas necesidades de financiamiento están destinadas a cubrir:

El déficit fiscal, que se estima en USD 5.414 millones (equivalente al 3,9% del PIB).
Amortizaciones de deuda interna y externa (USD 4.400 millones y USD 3.952 millones, respectivamente).
Es decir, el Gobierno se endeudará para cubrir el déficit y pagar los intereses de la deuda existente, lo que Jaime Carrera califica como un “círculo perverso”.

Gobierno rompe la “regla fiscal”
La Proforma Presupuestaria de 2026 revela un incumplimiento de las normativas de sostenibilidad fiscal que rigen las finanzas públicas del Ecuador.

La principal normativa vulnerada es la regla fiscal que establece que los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. Esta obligación está consagrada en el artículo 286 de la Constitución de la República y detallada en el artículo 81 del Coplafip, cuyo fin es garantizar la conducción sostenible, responsable y transparente de las finanzas públicas para procurar la estabilidad económica.

Allí se establece que, solo de manera excepcional, los egresos permanentes destinados a salud, educación y justicia pueden ser financiados con ingresos no permanentes, previa calificación presidencial de la situación excepcional.

La asambleísta de Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Régimen Económico, Mónica Alemán, señaló que, al observar la Proforma 2026, es evidente que los egresos permanentes superan a los ingresos permanentes, lo que confirma el incumplimiento de la regla fiscal constitucional.

Los datos de la Proforma Presupuestaria 2026 evidencian claramente la existencia de este déficit estructural. En el agregado, los ingresos permanentes se estiman en USD 21.679,91 millones, mientras que los egresos permanentes alcanzan la cifra de USD 23.482,20 millones.

La resta de estos rubros genera un déficit de USD 1.802,29 millones, lo que refleja la escasez de ingresos permanentes para poder atender el elevado gasto público.

Correa también critica la Proforma
El expresidente Rafael Correa enfatizó la extrema gravedad de esta situación, señalando que la diferencia entre ingresos permanentes y egresos permanentes es el verdadero indicador de la sostenibilidad fiscal.

Él compara este resultado con el resultado operacional de una empresa: si existe una pérdida en este cálculo, significa que la actividad principal de la empresa NO es rentable. Al aplicarlo al Estado, Correa concluye que la situación es “demasiado grave”, ya que el déficit indica que la actividad fundamental del Gobierno no puede sostenerse con sus ingresos recurrentes.

Panorama fiscal complejo
Finalmente, el incumplimiento de la regla fiscal contribuye a un panorama fiscal muy complejo. Además del déficit permanente de USD 1.802,29 millones, la Proforma 2026 muestra un déficit en el resultado no permanente de USD 3.611,51 millones. Lo que significa un “Déficit Global” de USD 5.413,80 millones. Este déficit global representa el 3,89% del PIB estimado.

Analistas señalan que este escenario presupuestario estructural genera una “brecha estructural presupuestaria” que demandará financiación adicional considerable

De hecho, la legisladora de Revolución Ciudadana y expresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, señaló que la proforma presupuestaria de 2026 es inconstitucional, fraudulenta y peligrosa, pues:

La proforma “hundirá aún más la salud, la educación y la seguridad del país”.
El documento “rompe la regla de oro entre ingresos permanentes y no permanentes, maquillan la inversión y usan trucos contables para encubrir un desastre fiscal que terminará pagando el pueblo”.

“No es desconocimiento; es cálculo político y desprecio total por la Constitución. Y aquí no habrá excusas ni amnesia: la ciudadanía debe vigilar cada voto, porque todo asambleísta que respalde esta barbaridad quedará registrado como responsable directo del colapso total de los hospitales, del deterioro de las escuelas y del avance de la inseguridad”, puntualizó Veloz.

Recomendaciones de la mesa legislativa
El informe de la Comisión de Régimen Económico sugiere que cualquier ingreso adicional generado en el ejercicio 2026 sea dirigido prioritariamente a programas de inversión social (salud, educación y protección a grupos vulnerables), además de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales del sistema de seguridad social.

La proforma ahora será sometida a un único debate y votación en el Pleno de la Asamblea. Si la Asamblea Nacional observa la proforma, las observaciones deben limitarse a sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones

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