Comisión de Garantías Constitucionales escucha nuevos argumentos sobre peticiones de amnistías e indultos
La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó los argumentos de los juristas Andrés Castillo, Marco Vinicio Romero y Jamil Tene Angamarca; de Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores; y, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, sobre las solicitudes de amnistías e indultos.
Andrés Castillo, al dar sus aportes sobre los judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019, pidió a los comisionados revisar caso por caso, por el grado de participación en los hechos. A su criterio, no se puede dar en conjunto las amnistías.
El parlamentario Édgar Quezada recordó que el levantamiento indígena fue producto de la imposición del decreto ejecutivo 883 que afectaba a los sectores más pobres del país. Dijo estar de acuerdo que se debe analizar caso por caso los pedidos de amnistías porque “no se puede poner en el mismo saco los 300 pedidos”, mientras que, el asambleísta Gruber Zambrano señaló que en el levantamiento de octubre hay culpables e inocentes, por lo que revisarán caso por caso.
El legislador Mario Ruiz, recordó que los pueblos luchan por la defensa de los derechos, a través de la resistencia. Propuso privilegiar las intervenciones basadas en puntos de vista técnicos y jurídicos y no con sesgo político en el tratamiento de las amnistías.
Paola Cabezas, Fernanda Astudillo y Victoria Desintonio indicaron que nadie puede desconocer el derecho a la protesta ni pueden aceptar juicios de valor anticipados, peor discursos de odio y racismo. Aclararon que la amnistía se otorga en defensa de derechos humanos. Recordaron que en octubre de 2019 se registraron 11 muertos debido al excesivo uso de la fuerza y llamaron a desterrar los discursos de odio del debate público.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores negó que la movilización de octubre 2019 haya tenido como objetivo destruir ciudades, sino que estuvo orientado a reclamar por la falta de empleo, por educación, seguridad social y contra las privatizaciones. Precisó que las movilizaciones sociales se amparan en el derecho a la resistencia previsto en la Constitución. Señaló que la solicitud de amnistía se basa en un mandato de la Constitución.
Entre tanto, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, expresó que en octubre de 2019 se cometieron violaciones a los derechos humanos, que la sociedad fue vulnerada de «forma flagrante» y se produjeron bloqueos de vías que también constituyen en una violación de derechos.
Precisó que la amnistía no debe servir como justificación para no investigar posibles hechos delictivos, por lo que solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales realizar un análisis profundo, caso por caso.
Por su parte, el jurista Marco Vinicio Romero, explicó que la amnistía extingue la acción penal y la pena; mientras que el indulto extingue la pena. En este contexto, señala que no es necesario que exista una sentencia para poder ser beneficiado de la misma. En cambio, el abogado Jamil Tene Angamarca defendió la protesta de los comuneros de Fierro Urco, en el Austro, que se realizó en el marco de la defensa del agua y la naturaleza. En este contexto, solicitó se conceda la amnistía a los 14 peticionarios.
JLVN/pv
Fuente: Asamblea Nacional