Cámara Inmobiliaria plantea fortalecer el registro de contratos de arrendamiento
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió al presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, Adrián Rodríguez, en el marco del análisis del Proyecto de Reformas a la Ley de Inquilinato, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Rodríguez recordó que solo entre el 15 % y el 17 % de los contratos de arrendamiento cuentan con el respectivo registro ante las entidades estatales, nacionales y locales, lo cual incide en la existencia de alrededor de 4.000 denuncias de estafa en el sector inmobiliario.
Indicó que el crecimiento de la informalidad en el mercado de arrendamiento dificulta que las entidades públicas dispongan de información actualizada. Por ello, planteó incorporar en la normativa la obligación de registrar los contratos de arrendamiento, con el fin de contar con un catastro actualizado que sirva de insumo para establecer políticas públicas dirigidas al sector inmobiliario.
Respecto de incorporar en la iniciativa mecanismos alternativos de solución de conflictos en las controversias sobre arrendamiento, el experto se mostró partidario de establecer un plazo no superior a 30 días para que las partes puedan agotar la instancia de mediación, luego de lo cual podrán acudir a la vía judicial.
Finalmente, sobre el uso de medios digitales para la formalización de contratos de arrendamiento y demás documentos relacionados con el sector inmobiliario, consideró que es un paso trascendental. Sin embargo, señaló que es necesario tomar las debidas precauciones para evitar que se consumen estafas digitales y proliferen anuncios falsos relacionados con esta actividad.
La presidenta de la Comisión, Rosa Torres, recordó que la mesa legislativa ha desarrollado este proceso con una amplia participación de abogados en libre ejercicio, expertos en la materia, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de presentar un informe que recoja las demandas de los distintos sectores y permita entregar una ley moderna que garantice la seguridad jurídica en esta materia.
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