Asamblea afronta una semana de juicios políticos: tercer intento contra vocales del Cpccs y presentación de pruebas en el caso Godoy

Pichincha Comunicaciones. Los procesos de juicio político son impulsados por asambleístas de la Revolución Ciudadana, en un escenario marcado por el control de ADN: mientras la Comisión de Fiscalización tramita el caso contra Mario Godoy, el CAL ha archivado en dos ocasiones los pedidos contra vocales del Cpccs.

La última semana de enero de 2026 se perfila como un momento clave en la Asamblea Nacional. Dos frentes de juicio político concentran la tensión entre el oficialismo y la oposición. En el centro del debate están, por un lado, la interpelación al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Y, por otro, un nuevo intento de la Revolución Ciudadana (RC) por enjuiciar a cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Semana clave en el juicio político a Mario Godoy
El proceso más avanzado es el juicio político contra Godoy, que se tramita en la Comisión de Fiscalización, presidida por Acción Democrática Nacional (ADN). La acusación es impulsada por cinco legisladores de la RC, encabezados por Viviana Veloz, quienes sostienen que el titular de la Judicatura incurrió en incumplimiento de funciones.

Por ello, esta semana resulta clave, debido a que vencen los plazos para que las partes presenten pruebas de cargo y descargo. Esto definirá si el expediente escala al Pleno de la Asamblea.

Los interpelantes señalan que Godoy habría inobservado el artículo 168 de la Constitución, al no garantizar la independencia judicial ni promover la transparencia en la administración de justicia. Entre los hechos más graves expuestos figura la presunta presión ejercida, a través de su mano derecha Henry Gaibor, contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. Ese caso habría buscado favorecer al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos y antiguo cliente del estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

De acuerdo con el cronograma aprobado, tanto el presidente del Consejo de la Judicatura como los asambleístas de la RC tienen hasta el 31 de enero de 2026 para presentar sus pruebas. Luego se abrirá una fase de 10 días destinada a la actuación probatoria, en la que se evacuarán documentos, testimonios, peritajes y otros elementos anunciados por las partes.

Bancada de la RC presentará más de 20 pruebas
La bancada de la RC asegura la presentación de más de 20 pruebas, sustentadas en reportes de medios nacionales e internacionales, contenidos digitales y publicaciones en redes sociales. A esto se suman:

• Denuncias públicas sobre presuntas presiones internas en la Función Judicial.
• La salida del juez anticorrupción Carlos Serrano.
• Audios que evidenciarían injerencias.
• Pronunciamientos de asociaciones de magistrados y cuestionamientos abiertos a la gestión de Godoy.
• Pedidos formales de colectivos ciudadanos, que acudieron a la Asamblea para exigir un juicio político “complejo y justo” contra el titular de la Judicatura.

Un tercer intento contra el CPCCS tras el bloqueo del CAL
Mientras avanza la interpelación a Godoy, la RC prepara un nuevo movimiento político. Este martes 27 de enero de 2026 a las 11:30, el asambleísta Luis Fernando Molina prevé presentar un tercer pedido de juicio político contra cinco vocales del Cpccs:

• Andrés Fantoni
• Johanna Verdezoto
• Jazmín Enríquez
• David Rosero
• Piedad Cuarán.

La decisión llega después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivara por segunda ocasión el pedido de enjuiciamiento, bajo el argumento de incumplimientos formales. Según la resolución, la solicitud no estuvo correctamente suscrita por el proponente. Además, según el informe de la UTL, 15 de las firmas de respaldo fueron declaradas inválidas, lo que, a criterio del CAL de ADN, afectó la validez del trámite.

El primer bloqueo de la solicitud de enjuiciamiento también estuvo sustentado por inconsistencias en 16 firmas.

Razones para el enjuiciamiento a consejeros del Cpccs
Molina sostiene que los consejeros habrían vulnerado principios esenciales como la legalidad, la transparencia y la meritocracia en los procesos de designación de autoridades clave del Estado, tanto en el Consejo de la Judicatura como en el concurso para fiscal general del Estado. En el caso específico de la Judicatura, el legislador apunta:

• Un supuesto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, amigo cercano del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien habría sido asesor de la consejera Johanna Verdezoto.
• La descalificación de Édison Toro, el 25 de junio de 2025, como candidato de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura. Esa decisión, según el proponente, facilitó la incorporación de Godoy en ese proceso.
• El archivo de las impugnaciones presentadas contra Godoy durante el proceso de designación de los vocales de la Judicatura.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones