Alianza de DDHH denuncia que presidencia de la República favorecería actividades mineras ilegales en Camilo Ponce Enríquez

La alianza también planteó preocupaciones sobre posibles intereses en actividades mineras, por parte de altos funcionarios del Estado.

Punto Noticias.- La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (DDHH) denunció que la presidencia de la República presentó un amicus curiae, en la Corte Provincial del Azuay, para favorecer actividades mineras ilegales e inconsultas en perjuicio del Río Gala, en Camilo Ponce Enríquez.

A través de una carta, la alianza indicó que el pueblo de Shumiral, del cantón Camilo Ponce Enríquez, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, ganaron en primera instancia una acción de protección el 5 de noviembre de 2022. Aquí se declaró la violación al “ambiente sano y ecológicamente librado y el derecho al agua” de los pobladores.

Agregó que la concesión minera LELIATERE 1, fue inscrita en diciembre del 2017, en fase de exploración explotación, con plazo de concesión de 25 años. “La empresa Colibnmining C.A. ha estado realizando actividades mineras de explotación, sin contar con estudios de impago ambiental previos y sin consulta ambiental”.

La alianza sostuvo que, pese a la sentencia de primera instancia y al proceso constitucional en curso, el Gobierno convocó a un proceso de participación ciudadana sobre el impacto ambiental.

“Ahora el propio presidente de la República, a través de su Secretario Jurídico, ha presentado un escrito de amicus en favor de la empresa minera Colibnmining C.A. pretendiendo confundir a los jueces con una interpretación interesada del principio de precaución -asimilándolo al principio de prevención-, señalando que no están prohibidas las actividades mineras en los bosques protectores y afirmando que ‘la competencia exclusiva que tiene el Estado central en cuanto a la gestión de los sectores estratégicos (…) no puede ser alterada por la interposición de una garantía jurisdiccional’”.

Añadió que el Ejecutivo pretende, con su argumentación, dejar sin control constitucional actividades mineras. Como en este caso, donde ya se afectó el Río Gala.

“Denunciamos, además, los intereses en las actividades mineras que puedan tener los altos funcionarios del Estado y la asimetría de poder que enfrentan las y los defensores de la naturaleza frente al Estado y las empresas mineras que actúan conjuntamente”, indicó la alianza.

❎ Denuncia Pública

La presidencia de la República presentó un amicus curiae a la Corte Provincial del Azuay, para favorecer actividades mineras ilegales e inconsultas en perjuicio del Río Gala en el cantón Camilo Ponce Enríquez. pic.twitter.com/UPEsqY8aJ6

— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) October 10, 2023

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Foto: Pichincha Comunicaciones