Juez ordena a Cancillería de Ecuador exigir explicaciones a EE.UU. por operativo contra embarcación, que dejó ocho pescadores desaparecidos

El juez dio un plazo de 24 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir a EE.UU. respuestas sobre el operativo contra el barco pesquero ‘Conquista 2’.

Pichincha Comunicaciones. Debido a la desaparición de ocho pescadores del barco pesquero ‘Conquista 2’, el juez Isaías Mendoza ordenó la apertura de un término de prueba de seis días. Una medida para esclarecer el paradero de los tripulantes desaparecidos, tras un operativo marítimo coordinado entre Estados Unidos y Ecuador.

La decisión judicial se tomó este sábado 5 de septiembre de 2026, durante la reinstalación de la audiencia de hábeas corpus instructivo.

Tras escuchar los alegatos de los defensores de los pescadores y de las instituciones del Estado, el magistrado concluyó que, si bien nueve de los tripulantes ya se encuentran en Manta a órdenes de la Fiscalía, la incertidumbre sobre el resto de la tripulación obliga a una actuación judicial activa.

“Existen ocho tripulantes de la embarcación ‘Conquista 2’. No se conoce de su paradero y, a pesar de que nueve de los tripulantes ya fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, debemos conocer qué ha sucedido con los ocho tripulantes más”, dictaminó el juez Mendoza en la diligencia.

Exigencias a las instituciones públicas de Ecuador

La resolución judicial impone estrictos requerimientos de información a la Armada del Ecuador, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

Estas entidades deberán entregar, en un plazo improrrogable, un informe detallado que responda:

• ¿Qué autoridad ecuatoriana recibió a los tripulantes?
• La hora, fecha y coordenadas exactas de la transferencia.
• El fundamento jurídico de la custodia o restricción de libertad de los pescadores.
• La cadena completa de custodia, traslado o entrega.
• Además, el juez ordenó a la Capitanía del Puerto de Manta y a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) la preservación íntegra y sin alteración de todas las bitácoras, registros de radio, correos electrónicos, videos, fotografías, trayectorias de radares, coordenadas GPS y sistemas de seguimiento satelital relacionados con el operativo.

Explicaciones diplomáticas a los Estados Unidos

Uno de los puntos más determinantes de la resolución es la orden dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador para que, en un plazo máximo de 24 horas, remita una nota diplomática urgente a la Embajada de los Estados Unidos.

A través de esta vía, el Estado ecuatoriano deberá exigir al gobierno estadounidense información detallada sobre la participación de sus unidades navales en la intercepción del barco pesquero ecuatoriano, el pasado 2 de septiembre.

Entre las exigencias ordenadas por el juez constan:

• Identificar nominalmente a todas las personas retiradas de la embarcación.
• Informar si se produjeron lesiones, uso de la fuerza, interrogatorios o separación de personas.
• Determinar “el punto exacto y método mediante el cual fue hundida la embarcación ‘Conquista 2’”, así como la ubicación de sus restos.
• Se dispuso que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) realice una reconstrucción de corrientes, vientos y deriva para delimitar nuevas áreas de búsqueda de los ocho pescadores desaparecidos.

Incomunicación y denuncias de arbitrariedad

La decisión del juez llega tras una audiencia donde quedaron en evidencia dos posturas opuestas sobre el operativo en alta mar.

La defensa de los pescadores, representada por Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien denunció que se configuró una desaparición forzada de corta duración. Esto, debido a la incomunicación total que sufrieron los tripulantes desde el miércoles 2 de septiembre hasta que arribaron a Manta, el viernes 4 del mismo mes.

Bastias recalcó que la interdicción militar estadounidense se ejecutó “en coordinación y colaboración con el Gobierno del Ecuador”, según comunicados del propio Comando Sur de EE.UU.

Por su parte, el amicus curiae Ramiro Ávila cuestionó la legalidad de los plazos estatales.

“Se les detuvo el día 2 y estamos en el día 5. Se ha violado la Constitución, el artículo 77, que dice que en 24 horas se tiene que presentar a las personas ante la autoridad competente”.

El testimonio de los familiares respaldó estas denuncias. Ginger Reyes, esposa del capitán de la embarcación, Eduardo Olguín, relató que su última comunicación fue el pasado miércoles, al mediodía, mediante videollamada, mientras eran abordados por militares extranjeros.

“Nosotros venimos a tener respuesta el día viernes que nos citaron arriba (…) Ahí recién nos vinieron a dar respuestas de que ellos venían en la guardacosta”, indicó.

Gobierno

Por el lado de las instituciones del Estado, la defensa se centró en argumentar que no existió una detención arbitraria ni desaparición porque la Armada actuó bajo protocolos de asistencia humanitaria.

El Teniente de Fragata Luis Marcelo Farías Hernández, en representación de la Armada, sostuvo que tras tomar contacto con los tripulantes, el 3 de septiembre, a las 19:06, “se realizó una valoración médica a cada uno de estos y se les procedió a explicar su condición de náufragos”.

En esa misma línea, el abogado del Ministerio del Interior, Giovanni Pontón, solicitó desechar el hábeas corpus asegurando que “ninguna de las instituciones del Estado (…) ha tenido una negativa en otorgar información” y que, por el contrario, requerían un plazo probatorio para transparentar las actuaciones.

La búsqueda debe continuar

Finalmente, tras ordenar la suspensión de la audiencia para la práctica de estas pruebas técnicas y diplomáticas, el juez Mendoza recordó a las autoridades navales que la localización de los desaparecidos es una prioridad irrenunciable.

“Es obligación de la Armada Nacional, aún sin que el juez lo disponga, continuar con todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas que se encuentran aún desaparecidas”.

La audiencia constitucional se reinstalará una vez que fenezca el término de seis días ordenado y se haya recopilado la información nacional e internacional requerida.

Una audiencia que se desarrollará en medio de los ataques de militares extranjeros a las embarcaciones de pescadores ecuatorianos. De enero hasta este 5 de septiembre, siete barcos han sido atacados, dejando un saldo de 16 pescadores desaparecidos: ocho de la embarcación ‘Fiorella’ y los otros ocho de la embarcación ‘Conquista 2’.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones