Corte Constitucional admite demanda contra resolución que permite postular a Fiscal General a quienes defendieron casos de narcotráfico

La CC admitió a trámite una demanda contra una resolución del Cpccs que eliminó la prohibición para que abogados que defendieron a personas vinculadas con delitos graves, como narcotráfico, puedan postular al cargo de Fiscal General. Sin embargo, negó suspender la norma, por lo que esta seguirá vigente.

Pichincha Comunicaciones. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió este 6 de abril de 2026 admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores contra una resolución del organismo, pero negó suspender provisionalmente su aplicación, lo que permite que la normativa continúe vigente mientras se resuelve el fondo del caso.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Reglamento del Concurso de Fiscal
El caso, registrado como 29-26-IN y bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo, tiene como eje la demanda impulsada por el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa, junto con otros de sus coidearios. La acción cuestiona el artículo 5 de la resolución CPCCS-PLE-SG-010-E-2025-0179, emitida por el Pleno del Cpccs el 20 de junio de 2025.

Esa normativa derogó una prohibición que impedía postularse al cargo de Fiscal General del Estado a quienes hubieran ejercido el patrocinio judicial de personas vinculadas a estructuras criminales o delitos graves (como narcotráfico y crimen organizado) en los últimos diez años.

Aunque el tribunal —integrado por Karla Andrade, Claudia Salgado y Alí Lozada— consideró que la demanda cumple los requisitos para su análisis, fue categórico al señalar que no existen elementos jurídicos suficientes para justificar una suspensión inmediata de la norma. Esta decisión tiene un efecto concreto: las disposiciones del Cpccs seguirán aplicándose pese a estar bajo cuestionamiento constitucional, lo que en la práctica mantiene intactos sus impactos durante todo el tiempo que dure el proceso.

Traslado de responsabilidades y examen institucional
Como parte del trámite, la Corte ordenó notificar a varias instituciones para que intervengan en el proceso. El Cpccs, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado tendrán un plazo de quince días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada, ya sea para defenderla o cuestionarla.

Además, el Cpccs deberá remitir el expediente completo y los informes técnicos que sustentaron la emisión de la resolución hace un año. Este requerimiento apunta a reconstruir el contexto en el que se adoptó la norma y a evaluar si su contenido responde a criterios jurídicos sólidos o a decisiones discrecionales.

Un proceso bajo cuestionamientos y señales de desgaste
El contexto en el que se da esta acción de inconstitucionalidad está marcado por críticas al proceso de selección vinculado a la resolución impugnada. La veeduría ciudadana encargada de vigilar el concurso sufrió un golpe significativo con la renuncia de varios de sus integrantes, incluido su coordinador, Hugo Arteaga, quien abandonó el cargo denunciando fallas graves en el cruce de información utilizada para evaluar méritos.

A esto se suman los cuestionamientos de organizaciones civiles, que exigen explicaciones al Cpccs sobre los filtros aplicados a los 27 postulantes que continúan en el proceso. Las alertas señalan incrementos patrimoniales sin justificación y deficiencias en la experiencia penal de varios candidatos, aspectos que ponen en duda la rigurosidad de la selección.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones