ADN y aliados aprueban informe del caso Progen en la Comisión de Transparencia sin señalar responsabilidades políticas a autoridades afines

Comisión de Transparencia aprobó el informe de fiscalización a los contratos suscritos por Celec EP con Progen y Austral

Imagen: Asamblea Nacional

El informe se remitirá al pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, debe convocar a la sesión respectiva.

Pichincha Comunicaciones. Un informe reveló pagos millonarios sin sustento, equipos obsoletos y empresas sin experiencia técnica operativa. A pesar de estos hallazgos, el documento no atribuye responsabilidades políticas a autoridades públicas. Con ese alcance, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, presidida por la oficialista Diana Jácome, aprobó el informe de fiscalización sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). Los acuerdos se firmaron con Progen Industries y Austral Technical Management (ATM). Ambos contemplan la provisión de generadores eléctricos para los proyectos de Quevedo, Salitral y Esmeraldas.

Mayoría oficialista avaló el documento pese a críticas de la oposición
El informe fue debatido y aprobado la noche de este viernes 19 de diciembre, durante una sesión virtual de la comisión de Diana Jácome (ADN). El tratamiento del documento evidenció un marcado contraste entre las posturas del oficialismo y de la bancada de la Revolución Ciudadana.

A favor del texto votaron Diana Jácome, Jorge Chamba, Jorge Luis Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano, todos de ADN. Se sumó Edmundo Cerda, legislador que llegó a la comisión como aliado tras su expulsión del movimiento Pachakutik. En contra se pronunciaron los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna, Germania Romero y Guido Mendoza, quienes cuestionaron que el informe no establezca responsabilidades políticas ni profundice en las irregularidades detectadas en los contratos con Progen. El legislador del Partido Social Cristiano, Otto Vera, se abstuvo.

Los asambleístas de la RC presentaron observaciones al informe, que no fueron incorporadas al texto final. Anunciaron que elaborarán un informe de minoría. Además, junto con Otto Vera, insistieron en que las sesiones de la comisión se desarrollen de manera presencial y en que se convoque a los ministros Inés Manzano y Roberto Luque para que rindan cuentas ante el Legislativo.

Durante la sesión también se registró un incidente cuando no se permitió al asambleísta Blasco Luna presentar documentación relacionada con el caso Progen. En la sesión virtual se observa cómo la presidenta de la comisión le niega la posibilidad de exponer las pruebas que llevaba consigo.

 

Conclusiones sin responsabilidad política

El informe aprobado recoge tres conclusiones principales. Una de ellas sostiene que de las actuaciones realizadas en los procesos de contratación emergente para la generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas no se desprenden actos u omisiones imputables a autoridades públicas que configuren un incumplimiento de funciones, conforme al artículo 131 de la Constitución, y que, por tanto, no existirían elementos para establecer responsabilidad política.

El documento también señala que estos procesos contractuales ya fueron examinados por la Contraloría General del Estado. Esa entidad determinó responsabilidades administrativas. Además, estableció responsabilidades civiles culposas. También identificó indicios de responsabilidad penal. De igual forma, se deja constancia de que los hechos están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, órgano competente para impulsar la acción penal.

Como parte de sus recomendaciones, la comisión plantea remitir el informe a los organismos de control correspondientes. Esto para que, dentro de sus competencias, adopten las acciones legales que correspondan frente a las irregularidades detectadas en las contrataciones emergentes de Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

También exhorta a que los entes de investigación penal y de control administrativo y civil continúen con las indagaciones abiertas, identifiquen a los presuntos responsables —tanto públicos como privados— y ejecuten las acciones necesarias para garantizar sanciones y la reparación al Estado.

El informe será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, debe convocar a la sesión respectiva.

 

Tomado de Pichincha Comunicaciones

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