Tres días de paro nacional dejan 48 investigaciones previas abiertas y 29 detenidos; desde el sector indígena se habla de 14 personas heridas en ‘procesos de represión’

Paralización de un servicio público, secuestro, ataque y resistencia, sabotaje, daños a bienes públicos son los delitos que tentativamente se analizarían en las 48 investigaciones previas (IP) que se habrían abierto a raíz de hechos ocurridos durante los primeros tres días de paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

El dato de 48 IP abiertas lo dio el general Fausto Salinas, comandante de la Policía, quien asegura que la institución respeta y defiende la protesta pacífica, pero no está de acuerdo con la protesta violenta, con el desorden, el ataque a bienes públicos y privados, a empresas, ciudadanos, policías y agentes penitenciarios. Los delitos por los que se terminaría procesando podrían ser otros, dependiendo de cuáles sean los hallazgos dentro de la etapa previa de investigaciones.

“Creemos que esa no es la forma. Ahí se revelan sus reales intenciones, las intenciones de causar caos. (…) Tratan de generar un caos, una sensación de crisis que va más allá. No vamos a permitir que exista un octubre de 2019 nuevamente”, refirió en otra entrevista que dio para Teleamazonas, en la que además explicó que lo que se viene ejecutando como estrategia desde los manifestantes es causar la sensación de caos en puntos focalizados y que serían grupos pequeños.

Para cotejar las cifras entregadas por la Policía se solicitó a la Fiscalía General información y se está a la espera de una respuesta con los datos oficiales.

Cifras de la Policía señalan que en estos cuatro días de protestas, a escala nacional se habría detenido a 29 personas, entre ellas, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, sobre quien pesa en Latacunga, desde el martes último, una instrucción fiscal por el delito de paralización de un servicio público, y las cuatro personas detenidas por el incendio de un patrullero que estaba estacionado en los exteriores de la Unidad de Flagrancia en Quito. Estas últimas personas son procesadas penalmente por sabotaje y daño a bien ajeno.

“Jamás estuvimos en delito flagrante como se pretende decir. (…) La detención de Leonidas Iza (…) es un acto de persecución y prisión política que ha hecho el Gobierno nacional”, señaló Iza poco después de que se le abrió una instrucción fiscal en la que tiene prohibido salir del país y debe presentarse todos los miércoles y viernes, mientras dure el procesamiento que tendrá un procedimiento directo y el próximo 4 de julio se dará la audiencia de juicio.

El general Salinas mencionó que la Policía está buscando los videos e imágenes de todas las personas que podrían estar liderando o actuando como autores intelectuales de los actos contra la ley que se han dado. Unidades de inteligencia e investigación estarían tras la pista de las personas que podrían estar ocasionando estos desmanes. “Tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia”.

Iza, en una conferencia de prensa dada casi a la medianoche del miércoles último, recordó que las decisiones de las organizaciones de base de la Conaie están absolutamente claras: movilización nacional, movilización de carácter indefinido y movilización en el territorio.

Respecto a la propuesta de diálogo hecha desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, el líder indígena respondió que ellos como dirigentes no tienen otra disposición de sus bases que no sea el mantener y ratificar la movilización indefinida. “La respuesta está en sus manos, solo nosotros podremos cambiar en el momento que exista una respuesta a las demandas que hemos planteado”, señaló.

El resto de detenidos, parte de una lista de 29, serían personas que aparentemente estaban alterando el orden público o impidiendo la libre movilidad. En todos los casos se asegura que se han cumplido los protocolos del debido proceso.

La noche del miércoles último, una persona fue detenida al ser acusada de causar daños en bienes públicos del centro histórico de Quito, adonde llegó una marcha de protesta. El supuesto causante estaría en manos de la autoridad para que se defina el delito cometido y ya el Municipio de Quito también habría generado la sanción administrativa por el daño causado.

Hasta el momento se registran seis vehículos afectados en las protestas: un patrullero incendiado por completo en la localidad de Molleturo (Azuay), otro vehículo parcialmente incendiado en Quito y otros cuatro patrulleros con roturas en los parabrisas, además de otras afectaciones. En cada uno de estos casos, aclaró el general Salinas, la Policía como institución interpuso las denuncias para que se sancione a los responsables.

La Policía, a través del Departamento de Defensa Institucional, habría también colocado denuncias por las agresiones que recibieron ocho servidores policiales y por el secuestro dado contra otros once policías, especialmente en la provincia de Cotopaxi.

Según Salinas, al momento ya todos los miembros secuestrados estarían en libertad, pero aun así, dijo, seguirán planteadas las denuncias, pues se ha dispuesto desde la institución que “por cada hecho de agresión a un miembro de la Policía, a su infraestructura o de un secuestro, se presenten las denuncias para que se sigan los cursos legales”.

Leonidas Iza no descarta la posibilidad de trasladarse a Quito para sumarse a la “lucha del pueblo de Quito”. Anotó que están haciendo una sistematización para tener claro el número de detenidos, e informó que estos días de movilización los “procesos de represión” han dejado para el sector indígena siete heridos en Cotopaxi y otro siete heridos en la provincia de Sucumbíos.

“No recurramos a estos mecanismos de a la gente meterle miedo, no, sino que más bien, presidente de la República, está en sus manos el resolver estos puntos para que dé tranquilidad al pueblo”, apuntó el líder de la Conaie. (I)

Tomado de El Universo – Foto: El Universo