Tres deficiencias en la seguridad influyen en asesinatos carcelarios

Redacción EL COMERCIO (I)
Agentes de la Policía y de la Fiscalía continúan ingresando a la cárcel de Santo Domingo. Los uniformados recopilan información para conocer a detalle cómo se originó la última masacre, que dejó 12 presos asesinados. Las primeras pesquisas se recogen en las salas de monitoreo carcelario.

Allí, un equipo del servicio de rehabilitación social (SNAI) entrega los videos de las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

Agentes que han accedido a ese material revelan que la mayoría de cámaras están averiadas o sin funcionamiento. De hecho, los enfoques de las pocas grabaciones son alejadas a las celdas y pasillos. Mientras que lugares como los patios y las entradas son monitoreados por un circuito cerrado.

La falta de estos equipos influye en el control para evitar enfrentamientos. Según los agentes, las masacres se planifican con al menos tres días de anticipación. En ese tiempo, los jefes de las organizaciones criminales buscan aliados y armas de fuego. También se abastecen de municiones y calculan las horas de cambios de turnos para atacar a sus enemigos.

Los guías penitenciarios admiten que la falta de control a través de cámaras es una falla que influye para que ocurran motines y matanzas.

Otra carencia, el audio
Dicen que desde hace un año esperan la llegada de más dispositivos de video, pero también herramientas de escucha.
En ese centro existirían más de 40 cámaras, pero no tienen micrófonos. “Las celdas son sitios a los que nosotros por seguridad no accedemos. Allí se planifican todos los ataques y se esconden los armamentos”, señala un guía.

Ese mecanismo lo aplican las mafias en otras cinco cárceles del país. La Fiscalía corrobora que la falta de cámaras de seguridad hace que sea muy difícil identificar a los responsables de las masacres. Desde el 2021, en las cárceles del país se han asesinado a más 400 presos y por esos crímenes apenas hay seis procesados.

A eso se debe el reclamo de organismos de Derechos Humanos y familiares de los detenidos que dicen que la mayoría de asesinatos están impunes.

El SNAI ha confirmado que más de 1 200 cámaras a escala nacional están dañadas o en pésimo estado.
La falta de esos elementos de monitoreo también genera que los agentes no puedan acceder a controles dentro de las celdas. Esa es la segunda falla de control que influye en los crímenes.

Plan en la mira
La Comandancia de la Policía y el SNAI señalan que hay un plan de fortalecimiento tecnológico. En ese paquete se prevé la compra de inhibidores de señales, micrófonos y cámaras de video. Pero su implementación aún es incierta.
Mientras tanto, la Policía ha montado una serie de operaciones de requisa en los centros carcelarios. En el primer semestre de este año, los agentes han realizado más de 20 intervenciones para desarticular centros de acopio de drogas, caletas de armas y escondites de celulares.

Sin embargo, las masacres continúan. Los guías dicen que los presos colocan candados en las puertas cuando van a cometer estos hechos. Así impiden su entrada.

La tercera falla de control es Inteligencia policial y militar. En cada centro de privación existen grupos de agentes que se encargan de conocer los movimientos de las mafias. Y esos agentes dicen que la falta de equipos y de acceso a celdas imposibilita su tarea.

En Santo Domingo, sí había alertas de nuevos enfrentamientos y reagrupación de bandas. Por eso, tenían ubicados a los cabecillas de cada red y habrían estado separados. Pero el día de la masacre, evadieron todos los controles.

Pese a las fallas, la Policía ha confirmado que mantendrán al equipo que estaba custodiando el centro. La institución dice que su relevo se realiza cada seis meses.

Ahora, los cuerpos de Inteligencia han reforzado su trabajo en los demás centros carcelarios.

Proyectos:

El Gobierno anunció el inicio de la formación de 1 400 aspirantes a agentes penitenciarios en el país. Los postulantes empezaron el proceso el pasado 11 de julio.

Los candidatos tendrán una preparación de seis meses para luego incorporarse a los distintos centros de privación de libertad.

Cerca de 200 de estos uniformados irán a centros de detención de menores para apoyar en tareas de seguridad. Ellos serán formados con énfasis en el tema de Derechos Humanos.

Está previsto que los nuevos guías se incorporen al trabajo formal en noviembre próximo. Allí se conocerá qué centros tendrán más agentes.

En enero del 2023 se lanzará una nueva convocatoria para contratar 1 000 agentes más. Para ese año también se prevé avanzar con el proyecto de escuela penitenciaria.

Tomado de El Comercio – Foto: El Comercio

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