Proponen reformar el COIP para tipificar los delitos de extorsión con amenaza de muerte

Los legisladores Geraldine Weber, Luis Almeida y Amada Ortiz presentaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para tipificar los delitos de extorsión con amenaza de muerte, conocidos como “vacunas”.

Los parlamentarios en la exposición de motivos advierten que la extorsión es un delito que siembra zozobra en las potenciales víctimas y en la ciudadanía, y se canaliza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, a través de los cuales los delincuentes toman contacto con sus víctimas para supuestamente advertirlas que su vida corre peligro por lo que les piden un “aporte económico” a cambio de protección o de no hacerles daño.

Enfatizan que este tipo de llamadas se han vuelto comunes, porque las personas tienen miedo a denunciar, cuando en realidad lo que deberían hacer es acercarse a la Fiscalía a poner la denuncia, para que esta entidad pueda intervenir y actuar inmediatamente en coordinación con la Policía, pues la protección a la víctima es un derecho que posibilita al Estado la adopción de medidas de protección para resguardar su integridad física o la de los miembros de su familia, frente a eventuales atentados en su contra, mientras dure el proceso.

Señalan que según cifras policiales se ha podido establecer que en 2021 hubo 1.628 casos de extorsión digital, una estadística mayor a la registrada en los años 2019 y 2020, calculándose que en 2022 esta cifra podría duplicarse o triplicarse.

Así mismo, expresan su preocupación porque la nueva ola delictiva que soporta nuestro país evidencia que de la extorsión se ha pasado a la muerte de las personas que no ha aceptado las exigencias de la delincuencia, por lo que se contabilizan ya numerosos asesinatos.

Ante esta situación, anotan, urge que el Estado corrija la omisión normativa que actualmente evidencia el Código Orgánico Integral Penal en esta materia y que ese es precisamente el objetivo de este proyecto.

Según esta propuesta normativa, quien bajo amenaza de muerte para una persona o de un familiar obligue al extorsionado a que le preste un beneficio económico o de cualquier otra índole, será sancionado con una pena privativa de libertad de diez a doce años, sumadas las penas que correspondan por los delitos de intimidación y hostigamiento previstas en el COIP.

También determina que si como consecuencia de una extorsión con amenaza de muerte, una persona fuere asesinada, el hechor recibirá una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

FF-PV

Fuente: Asamblea Nacional

CATEGORIAS
Compartir este artículo