Oficialismo impide incorporar nuevas pruebas sobre Progen y ATM y define cronograma del juicio político a Inés Manzano
Con mayoría oficialista, Fiscalización niega incorporar nuevos expedientes en el juicio político contra Inés Manzano. Foto: Marco Criollo/ / Asamblea Nacional.
La Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, que contempla las comparecencias de los exministros Roberto Luque y Antonio Goncalves, además del exgerente de Celec, Fabián Calero.
Pichincha Comunicaciones. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya definió el rumbo que tomará el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.
Con una mayoría de seis votos a favor y cuatro abstenciones, la mesa legislativa resolvió rechazar la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por los asambleístas interpelantes de la Revolución Ciudadana, al tiempo que dejó establecida la hoja de ruta para las comparecencias que buscarán determinar la responsabilidad política de la exfuncionaria en los casos Progen y ATM.
El bloqueo a la “prueba nueva”
La controversia de la sesión de este 13 de julio giró en torno al pedido de los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto para incluir expedientes íntegros de la Contraloría General del Estado y de la Comisión de Transparencia.
El oficialismo, liderado por la bancada de ADN, argumentó que dichos documentos no califican como “prueba nueva” según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que los proponentes conocían su existencia desde antes de presentar la solicitud de juicio el 17 de junio de 2026.
Durante la sesión, el asesor de la Comisión, Álvaro Salazar, expuso la solicitud presentada por los asambleístas interpelantes y recordó que la legislación vigente solo permite incorporar pruebas no anunciadas previamente cuando estas no existían o eran desconocidas para quien las presenta al momento de plantear el juicio político.
La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia señaló que los interpelantes incluso hicieron referencia a estos informes en su solicitud inicial, por lo que debieron entregarlos oportunamente. Por su parte, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, defendió la decisión:
“Nosotros no podemos corregir errores de los solicitantes… si usted conocía de la existencia de este informe, tenía que anunciarlo previamente”, dijo Álvarez.
Asimismo, el presidente de la mesa Legislativa enfatizó que actuar de otro modo vulneraría el debido proceso y que la comisión debe ser objetiva, rechazando las críticas que sugieren una protección a Manzano.
Denuncias de quienes impulsan el juicio político
La respuesta de los proponentes no se hizo esperar. Lenin Barreto denunció que se están “estropeando los procedimientos legislativos” al impedir el acceso a expedientes que, según él, develarían una “maraña íntegra de corrupción” en los contratos de generación eléctrica (Progen y ATM) que habrían causado un perjuicio de más de USD 170 millones.
De su lado, Blasco Luna, visiblemente molesto, acusó a la comisión de aplicar un “doble rasero”, cuestionando por qué se facilitan trámites para la defensa de la exministra mientras se bloquea información relevante para la acusación.
Luna insistió en que buscan transparencia y que “mientras más información tengamos, le hace bien a la comisión y al país”. Además, los legisladores de la Revolución Ciudadana recalcaron que su intención era alimentar el proceso con fundamentos sólidos ante la demanda ciudadana de justicia.
Cronograma definido y la polémica de la presencialidad
Tras resolver el incidente de las pruebas, la Comisión ratificó que la etapa de práctica de pruebas, iniciada el 12 de julio, durará diez días. El cronograma de comparecencias aprobado es notablemente reducido, contemplando únicamente tres testimonios clave:
- Roberto Luque, exministro de Ambiente y Energía.
- Antonio Goncalves, exministro de Energía.
- Fabián Calero, exgerente de Celec.
La sustanciación formal continuará este martes 14 de julio a las 15:00. Ahora, un punto de quiebre adicional es la asistencia física de Inés Manzano. Mientras Blasco Luna exige su comparecencia presencial basándose en el artículo 81.1 de la norma, calificando cualquier ausencia como una “burla al pueblo”, Ferdinan Álvarez recordó que la Constitución permite que los interpelados ejerzan su defensa a través de abogados.
“Primero hay que embarazar y luego ser padre”, respondió Álvarez de forma coloquial al ser consultado sobre qué medidas tomará la comisión si la exministra no asiste personalmente. La meta institucional es cerrar el caso y elaborar el informe correspondiente antes de que finalice el mes de julio.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones