En Napo, más de una docena de colectivos y organizaciones sociales se pronunciaron sobre las reformas a la Ley Amazónica
Con el propósito de recibir sugerencias que enriquezcan las reformas a la Ley Especial Amazónica, la Comisión de Biodiversidad inició la socialización en territorio. En Napo representantes de los gobiernos locales y otras organizaciones presentaron reflexiones y observaciones.
La propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca y del asambleísta Elías Jachero, que busca cerrar la inequidad, pobreza y contaminación, nace en un contexto social preocupante en desnutrición, enfermedades, déficit hospitalario y otros problemas.
Alcances de la norma
El asambleísta Elías Jachero subrayó que se pretende optimizar la eficiencia y aplicabilidad de la ley, considerando que las asignaciones económicas que alimentan los fondos establecidos en la ley, no forman parte del Presupuesto General del Estado. Además, explicó que con la propuesta se plantea fortalecer la inversión de recursos por parte de los gobiernos autónomos, que en las reformas al Código de Trabajo se incluye la disposición sobre el empleo preferente.
A su vez, el delegado de la presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que resulta evidente la necesidad de una reforma orientada a garantizar un ordenamiento territorial equitativo y que garantice el derecho del empleo preferente, la participación de los gobiernos locales de la Amazonía en las rentas para proyectos de desarrollo.
Voces de actores
Danny Espín, secretario Técnico de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, advirtió que del fondo amazónico planificado para el 2021, encontró comprometidos 35 millones de los 46 millones de dólares. Por su parte, Diego Gordillo, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, expresó que no es posible concretar la descentralización sin recursos.
Alejandro Carreño, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador – Orellana subrayó la importancia de articular los planes de desarrollo. Mientras que Amado Chávez, presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica (Conga Ecuador), apoyó la reforma y recordó que estos gobiernos son afectados por la falta de transferencias de los recursos.
Así mismo, Jorge Valle, representante de la Cámara de Turismo de Napo, resaltó el régimen especial de la Amazonía y propuso que exista un delegado de la ciudadanía para el seguimiento de la utilización de los fondos públicos, en concordancia con el artículo 68 de la Ley Especial Amazónica.
Eduardo Vayas, del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza, advirtió que la Amazonía vive una crisis por el extractivismo, pues tal modelo no potencia la investigación y la ciencia, mientras que Fiodor Mena Quintana, del Colegio de Ingenieros en Gestión Ambiental, consideró que han existido proyectos inadecuados de la Secretaría Técnica.
Guillermina Cruz, de la Red de Mujeres Amazónicas, mencionó que el extractivismo petrolero y minero afecta a las ciudades, en tanto que Pedro Cajilema, presidente de la Cámara de Comercio de Napo, sugirió que las empresas privadas sean consideradas en las leyes, porque generan riqueza, a la vez que advirtió que persisten los problemas sociales en la Amazonía, a pesar de la riqueza que posee.
Desde la nacionalidad Waorani de Napo se planteo que los proyectos de vida sean ejecutados por los mismos actores de las comunidades, porque son quienes conocen la realidad local.
Manuel Chiguango, de los pueblos y nacionalidades, detalló la situación y condiciones en las que viven las comunidades y se refirió a la falta de cobertura del seguro social campesino para las familias.
Por último, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela, destacó la participación y observaciones entregadas por diferentes actores, respecto a la reforma a Ley Especial Amazónica.
RSApv