Corte Constitucional admite a trámite 20 demandas contra la Ley de Transparencia Social y la Ley de Fortalecimiento Crediticio
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La Corte Constitucional del Ecuador (CC) admitió a trámite 20 demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos y organizaciones sociales en contra de dos normativas impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional en 2025: la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia y la Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones.
Estas leyes han generado debate y rechazo en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana por su contenido y el proceso de tramitación bajo carácter económico-urgente.
Según el máximo órgano de control constitucional, las demandas admitidas cumplen con los requisitos formales exigidos por la ley, lo que permite que se proceda a un análisis de fondo de los cuestionamientos planteados por ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos gremiales. La admisión no representa un juicio definitivo sobre la constitucionalidad de las normas, sino que abre la fase de sustanciación y estudio por parte de los magistrados.
Leyes bajo escrutinio
La Ley de Transparencia Social, aprobada el 26 de agosto de 2025, fue inicialmente presentada como Ley de Fundaciones y tiene por objeto regular aspectos vinculados a la prevención y control de flujos financieros, especialmente en organizaciones sin fines de lucro. Sus críticos sostienen que algunas de sus disposiciones —como las facultades de supervisión, auditoría e intervención estatal sobre organizaciones civiles— podrían afectar derechos constitucionales como la libertad de asociación y la autonomía organizativa.
Por su parte, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, aprobada el 26 de septiembre de 2025, introduce reformas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Entre otros aspectos, faculta al Biess para gestionar operaciones de reporto, gestionar créditos con terceros e incluso vender cartera vencida, acciones que varios demandantes consideran que pueden comprometer los recursos del sistema de seguridad social y alterar su naturaleza jurídica y financiera.
Demandantes y argumentos
Las demandas han sido presentadas por múltiples sectores, entre ellos organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, sindicatos, agrupaciones indígenas, gremios laborales y ciudadanos a título individual. Entre los accionantes contra la Ley de Transparencia Social figuran representantes de organizaciones de mujeres, derechos humanos, periodistas, así como federaciones indígenas y barriales.
En el caso de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, las demandas incluyen recursos presentados por la Unión Nacional de Educadores (UNE), organizaciones obreras como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), así como colectivos que defienden la seguridad social y personas naturales.
Próximos pasos
Con la admisión a trámite de estas 20 acciones de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional da inicio a la etapa de análisis profundo de los alegatos jurídicos y constitucionales. El organismo deberá evaluar si las leyes cuestionadas respetan los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución del Ecuador. El plazo para una eventual sentencia se definirá conforme al curso procesal y la agenda de lo que será un proceso de alta trascendencia jurídica y política para el país.