Comunidades indígenas del Azuay interponen acción de protección y anuncian demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería y Energía

Diversas comunidades indígenas de la provincia del Azuay presentaron una acción de protección ante la justicia constitucional, al considerar que la reciente Ley de Minería y Energía vulnera derechos colectivos, ambientales y de participación establecidos en la Constitución de la República.

Los dirigentes comunitarios señalaron que la normativa fue aprobada sin un proceso adecuado de consulta previa, libre e informada, principio reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano. A su criterio, la ley abre la puerta a concesiones extractivas en territorios ancestrales sin garantizar la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas.

Durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Cuenca, representantes indígenas manifestaron que la acción judicial busca suspender la aplicación de la ley en sus territorios hasta que se garantice el respeto pleno de sus derechos. Además, anunciaron que trabajan junto a equipos jurídicos en la preparación de una demanda de inconstitucionalidad que será presentada ante la Corte Constitucional en los próximos días.

Los líderes comunitarios advirtieron que la normativa podría generar impactos ambientales en fuentes hídricas, páramos y ecosistemas frágiles de la provincia, poniendo en riesgo actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería comunitaria.

“Defendemos el agua, la vida y nuestros territorios. No nos oponemos al desarrollo, pero exigimos que se respeten nuestros derechos y que se escuche la voz de las comunidades”, expresó uno de los voceros durante su intervención.

Organizaciones sociales y colectivos ambientalistas respaldaron la iniciativa, argumentando que el debate sobre proyectos extractivos debe priorizar la sostenibilidad, la transparencia y la participación ciudadana.

Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales admitan a trámite la acción de protección, mientras que el eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional podría marcar un precedente importante en la relación entre el Estado, la política energética y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.