Pescadores ecuatorianos demandan a Estados Unidos por ataque en altamar

El Mercurio. 16 pescadores ecuatorianos presentaron el 16 de noviembre del 2026 una demanda formal ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania, en contra del Gobierno de Donald Trump, por el daño que les habría causado el ataque con drones supuestamente estadounidenses, realizado el 17 de marzo del 2026, en altamar.

Los demandantes denuncian haber sido detenidos ilegalmente, trasladados contra su voluntad a El Salvador y sometidos a tratos crueles, incluyendo torturas físicas y psicológicas bajo custodia estadounidense.

Aunque las autoridades de Estados Unidos han negado su participación en el atentado, para el abogado de los pescadores en Ecuador, Jorge Chiriboga, sus clientes tienen pruebas de que fueron atacados por militares estadounidenses, a los que identificaron por los uniformes y su idioma (inglés).

La demanda en Estados Unidos fue presentada por el abogado estadounidense Daniel M. Kovalik, conocido por defender al expresidente colombiano Gustavo Petro.

Pedido de la indemnización

«Es una demanda para que un juez determine que es un juicio legítimo y que procede una indemnización por los hechos relatados”, afirmó el abogado Jorge Chiriboga.

En la sección de petitorio (petición de reparación) de la demanda judicial, los demandantes solicitan formalmente que el tribunal otorgue medidas de compensación y reparación que considere justas y apropiadas, por los daños que les causaron, el monto que les deberán pagar se determinará durante el juicio.

Adicionalmente, los pescadores solicitan una medida cautelar para que, mientras se resuelve el proceso, se ordene a los Estados Unidos poner fin a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico.

Los cargos presentados

Según la demanda presentada, los pescadores ecuatorianos acusan al Gobierno estadounidense de cuatro cargos, el primero por provocarles angustia emocional y daño psicológico severo, cuando estas personas consideran que no significaban ninguna amenaza.

Además, señalan a Estados Unidos por agresión y lesiones físicas, que incluye el impacto de las bombas de los drones, que quemaron a tripulantes y obligaron al resto a saltar al fuego y al mar; además, supuestamente fueron encañonados con fusiles de largo alcance por marinos estadounidenses.

Los pescadores también demandan por la privación ilegal de la libertad, sin orden judicial; primero les tuvieron un día completo en el buque estadounidense y posteriormente los retuvieron en El Salvador hasta finales de marzo de 2026.

Por último, la demanda se impuso por la destrucción y apropiación ilícita de propiedad, pues el ataque con drones causó el incendio y hundimiento definitivo del barco pesquero La Negra Francisca Duarte II, despojando a su propietario de la nave y a toda la tripulación de su fuente de trabajo y sustento económico.

¿Cómo fue el ataque?

El ataque a la embarcación pesquera La Negra Francisca Duarte II ocurrió el 17 de marzo de 2026 en el Océano Pacífico, mientras los 16 pescadores ecuatorianos regresaban al puerto de Manta, tras dos semanas de pesca cerca de las Islas Galápagos.

Antes del ataque, la nave fue interceptada por la Armada del Ecuador, cuyo personal abordó e inspeccionó el barco y a la tripulación durante tres horas, en las que no se les encontró ninguna actividad ilícita.

Posteriormente la embarcación fue atacada por dos drones armados lanzados desde un buque supuestamente operado por Estados Unidos. Las bombas impactaron el barco y desataron un incendio masivo.

Pescadores han quedado en libertad

Human Rights Watch (HRW) emitió un informe en el que señaló que las fuerzas militares de Estados Unidos han destruido este año ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas y detuvieron a 146 de sus 160 tripulantes durante operativos realizados entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026.

De estas 146 personas detenidas y entregadas a las autoridades ecuatorianas, 56 fueron liberadas sin cargos por decisión judicial y 40 fueron absueltas ante la falta de evidencias, solo 50 sigue a la espera de un juicio.

A HRW le preocupa el número de pescadores liberados sin cargos, lo cual denotaría se están fabricando casos basados en suposiciones infundadas y sin el respaldo de evidencias materiales; incluyeron la interceptación y destrucción de embarcaciones sin que se presentaran pruebas válidas que justificaran las acusaciones. Ante esta situación, la organización instó al Congreso estadounidense a ejercer una mayor supervisión sobre estas operaciones de seguridad para evitar futuras violaciones a los derechos humanos en la región.

Tomado de El Mercurio – Imagen: El Mercurio

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