Caso Progen: Contraloría halla indicios penales y un perjuicio de USD 14,55 millones en la repotenciación de la Termoeléctrica Catamayo
Termoeléctrica Catamayo. (Foto: Contraloría).
Pichincha Comunicaciones. El informe de auditoría señala fallas graves en la declaratoria de emergencia, contratación, supervisión y pagos ejecutados por la Eerssa entre 2023 y 2025.
La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría No. DNA4-SEyEP-0027-2025, en el que establece indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades civiles por USD 14.552.832,26 y administrativas por USD 131.830.00 en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), por el contrato suscrito con Progen para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo.
El examen especial abarcó los procesos de contratación, ejecución, pagos y supervisión realizados entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025.
En la fase preparatoria del proceso de repotenciación, la auditoría concluyó que la declaratoria de emergencia careció de sustento técnico para aplicar el modelo de contratación por Índice de Precios al Consumidor (IPC).
📰 #Boletín l Contraloría establece indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas por USD 14.6 millones en la EERSSA, por irregularidades en la repontenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo.
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— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) December 31, 2025
No se contó con diseños ni ingeniería básica o conceptual; tampoco se evidenciaron gestiones formales ante Petroecuador para el abastecimiento del combustible HFO6.
Además, la Contraloría determinó que no se cumplieron los criterios de una emergencia concreta, inmediata, imprevista y debidamente probada.
El informe también advierte que la oferta de la contratista incumplió especificaciones técnicas clave, como el voltaje de salida del generador, y que se propusieron grupos electrógenos basados en motores EMD sin repuestos ni garantía del fabricante, no diseñados para operar con HFO6.
A ello se suma que la negociación económica se realizó antes del envío formal de la propuesta técnica y por montos superiores a los establecidos en informes técnicos y de mercado.
La auditoría halló, además, prórrogas sin sustento, falta de exigencia del cumplimiento de plazos, ausencia de coordinación financiera para el anticipo y deficiencias en la verificación del estado y año de fabricación de los equipos, lo que derivó en pagos del 70 % del valor contractual sin certeza sobre la calidad e integridad de los bienes.
Otro hallazgo relevante fue la inexistencia de pólizas obligatorias -responsabilidad civil, todo riesgo de montaje, todo riesgo del contratista, seguro de vida y de vehículos- previstas en el contrato 141-2024, dejando a la entidad sin cobertura ante siniestros.
La Contraloría también señaló que la contratista no se domicilió en el país ni presentó la documentación correspondiente ante la Superintendencia de Compañías, lo que comprometió la ejecución y el control contractual.
Respecto del proceso SIPC-EERSSA-2024-001 para la supervisión de la repotenciación, el informe determinó que el “Informe de Necesidad y Viabilidad” y los Términos de Referencia se elaboraron sin estudios ni análisis previos que justifiquen la contratación externa.
El Estudio de Mercado se sustentó en una sola propuesta, sin evidencia de invitaciones a proveedores ni comparativos técnicos, y con una secuencia irregular en la que el acta de negociación antecedió al propio estudio.
Pese a ello, la Comisión Técnica recomendó la adjudicación al Consorcio Térmica Catamayo, aun cuando la oferta no cumplía los requisitos de experiencia del personal y la personería jurídica del consorcio se constituyó el mismo día de la firma del contrato.
Finalmente, la Contraloría observó que funcionarios emitieron directrices y supervisaron fases del proceso sin delegación formal, y que se modificó el objeto contractual mediante una adenda con inconsistencias en pagos e incumplimiento del alcance. Con base en estos hallazgos, el organismo de control estableció indicios de responsabilidad penal y recomendó la determinación de responsabilidades administrativas y civiles por los montos señalados.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones