Banda criminal exige ‘vacunas’ y amenaza con secuestrar tripulaciones y hundir lanchas; APG se declara en emergencia

Imagen referencial de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. (Foto: APG)

Informes de la Armada describen ataques recientes a pesqueros y camaroneras en Posorja y Puná. El alto índice de inseguridad, podría suspender el servicio de lanchas, afectando gravemente la economía del país, advirtió la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Punto Noticias.- La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) declaró el estado de emergencia institucional por 60 días, para ejecutar de forma inmediata medidas de seguridad en la “Casa de los Prácticos” de Data–Villamil y en la infraestructura asociada al Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo (VTS).

La decisión llegó tras alertas de la Armada y denuncias de extorsión contra el servicio de lanchas que traslada a los prácticos, operado por la compañía PSA Marine Ecuador Harbour Services.

Justamente estas amenazas, que ponen “en riesgo de posible paralización” al servicio público portuario, motivaron la declaración de emergencia, firmada por la gerencia el 25 de agosto de 2025.

Amenazas
El 5 de agosto, PSA Marine notificó a APG que fueron “contactados por una banda criminal” que opera en Data Villamil. Los criminales les exigieron el pago mensual de dinero “a cambio de seguridad” y amenazaron con secuestrar a la tripulación y personal de prácticos, así como también de “atentar contra las embarcaciones” que fondean frente a la Casa de los Prácticos.

Un informe de Seguridad Operativa de APG, del 13 de agosto, detalló que los mensajes extorsivos daban un plazo mínimo y advertían con quemar y hundir las lanchas. La empresa anticipó que, ante cualquier incidente, “suspenderán el servicio”. Algo que sería “gravísimo para el comercio y economía del país”.

Riesgo
APG recordó que el país atraviesa un estado de excepción y que el cantón Playas declaró su propia emergencia por inseguridad el 20 de julio de 2025.

Mientras que la situación en el borde costero de Posorja fue descrita con “piratas armados” y ataques recientes a embarcaciones, lo que eleva la criticidad del entorno donde se levanta la torre del VTS y opera la Casa de los Prácticos.

Además, la propia infraestructura está expuesta:

“La casa de Prácticos ya no cuenta con una buena cerca perimetral”, se menciona en los informes de declaratoria de emergencia que constan en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Aquí se sugiere hacer unos cerramientos internos, así como habilitar dormitorios para ubicar permanentemente personal de la Armada.

Pedidos
La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea), de la Armada, remitió el pasado 14 de julio un “Informe de Implementación de Seguridad – Estación VTS, Data-Villamil” y advirtió que no podría asumir la vigilancia del sistema si es que no se toman las medidas físicas de seguridad recomendadas.

La Gerencia de APG subrayó que, por el aumento de la delincuencia en el sector de la instalación del VTS, implementar las medidas por los canales ordinarios “tomaría mucho tiempo” y excedería el plazo límite para la instalación del VTS, que quedó para en septiembre de 2025. Por ello, recomendó declarar la emergencia.

 

Alerta

Seguridad Operativa alertó que, si PSA Marine suspende el traslado de prácticos por falta de garantías, el impacto sería “gravísimo para el comercio y economía del país” por el volumen de carga y el número de buques que usan los canales y puertos de Guayaquil.

A la par, la APG enfrenta rezagos de inversión. El Canal de Guayaquil informó el 1 de agosto que “aún no se le ha asignado los recursos” presupuestarios para la construcción del cerramiento perimetral, un punto crítico para blindar la Casa de los Prácticos.

Resolución
La resolución, publicada en la Sercop, califica la emergencia como “concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”. Y declara la emergencia institucional debido a la magnitud de los eventos.

Además, dispone priorizar recursos económicos y humanos, declara “la imposibilidad de realizar procedimientos de contratación comunes” por la crecida de la delincuencia organizada, e instruye a las direcciones de APG iniciar los procesos de contratación de emergencia.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones

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