Trazabilidad y penas más severas: las medidas ausentes en el proyecto que sanciona el uso indebido de uniformes de policías y militares

Pichincha Comunicaciones. En la sesión del Pleno de este 20 de enero, asambleístas cuestionaron que el proyecto excluya mecanismos de trazabilidad, control y sanciones proporcionales para frenar el uso criminal de uniformes policiales y militares. La propuesta regresó a la Comisión de Seguridad Integral.

El Pleno de la Asamblea Nacional debatió este martes 20 de enero de 2026 un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar el uso indebido de uniformes, insignias y distintivos de las fuerzas del orden, en un contexto de seguridad marcado por ataques armados ejecutados por sujetos que se hacen pasar por policías o militares.

Un proyecto que se enfoca solo en endurecer sanciones penales
La discusión llegó al Pleno luego de varios meses de análisis en la Comisión de Seguridad y en medio de cuestionamientos sobre el alcance real del proyecto, que se enfoca casi exclusivamente en endurecer sanciones penales, sin incorporar mecanismos de control, registro o trazabilidad de las prendas institucionales.

Contexto del nacimiento de la propuesta
El debate legislativo se originó a finales de julio de 2025, tras una propuesta presentada por el entonces asambleísta Ramiro Vela (ADN). El exlegislador sostuvo que solo en 2024 se registraron más de 1.200 denuncias por delitos cometidos por personas que vestían uniformes similares a los de la Policía o las Fuerzas Armadas. Parte del problema, según se expuso, radica en la facilidad para adquirir estas prendas, tanto en tiendas físicas como a través de plataformas digitales.

Aunque los comerciantes argumentan que se trata de ropa descontinuada o no oficial, la similitud con los uniformes reales impide que la ciudadanía distinga entre prendas auténticas y falsas. Esta situación ha sido aprovechada por estructuras criminales.

El caso de la Isla Mocolí, en Samborondón
Uno de los casos más citados durante el debate fue la masacre ocurrida el 7 de enero de 2026 en la isla Mocolí, en Samborondón, Guayas. En ese ataque armado murió Stalin Olivero Vargas, alias ‘El Marino’, cabecilla de la organización Los Lagartos. Las cámaras de seguridad del complejo deportivo donde ocurrió el crimen muestran a los atacantes vestidos con ropa similar a la policial y militar, portando pistolas y fusiles.

Las observaciones de los legisladores
Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana (RC) e integrante de la Comisión de Seguridad Integral, cuestionó que el informe debatido ignore varios planteamientos técnicos agregados previamente en el primer borrador. Entre ellos, mencionó:

• La homologación de uniformes policiales y militares.
• La numeración de las prendas para identificar pérdidas o robos.
• La incorporación de códigos QR intransferibles que permitan conocer quién usa el uniforme y con qué fin.
• La regulación estricta de las empresas fabricantes, el registro de producción y distribución.
• La implementación de auditorías periódicas para prevenir irregularidades.

Asimismo, durante la sesión, otros legisladores argumentaron que las sanciones actuales y propuestas resultan insuficientes. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), recordó que el artículo 296 del COIP, que sanciona el uso no autorizado de uniformes con penas de 15 a 30 días, fue derogado en la Ley de Solidaridad Nacional. Luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. A su criterio, incluso con la reforma planteada —que eleva la pena hasta 90 días— las sanciones siguen siendo leves.

“Debe ser una pena que supere el año”, sostuvo.

En la misma línea, Edwin Jarrín, asambleísta independiente, calificó de “inicuas” las penas vigentes y pidió reforzar las sanciones privativas de libertad para quienes utilicen estos uniformes con fines delictivos. Juan Gonzaga, también independiente, advirtió que este tipo de conductas no deberían tratarse como contravenciones, sino como delitos, por su impacto directo en la seguridad ciudadana y la confianza institucional.

Entre tanto, Patricio Chávez, de la RC, propuso que se incluyan sanciones claras para personas jurídicas involucradas en la fabricación o comercialización de estas prendas. También, la tipificación del uso doloso de credenciales digitales falsas. En cambio, los asambleístas de ADN anunciaron su respaldo a la propuesta de reformas.

Con estas observaciones, el proyecto de ley regresa a la Comisión de Seguridad Integral para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate.

Lo que contiene el primer borrador
El informe se concentra en reformas penales concretas. Entre ellas, se plantea modificar el artículo 47 del COIP para ampliar las circunstancias agravantes cuando se utilicen uniformes, insignias o credenciales de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o de seguridad privada para facilitar delitos o asegurar impunidad.

Además, se reforma el artículo 296, que pasaría de sancionar con 15 a 30 días de prisión a imponer penas de 30 a 90 días a quienes, sin autorización, usen uniformes o distintivos del Estado con el fin de simular autoridad, inducir a error o beneficiarse de esa apariencia.

El proyecto también crea el nuevo artículo 364-A, que tipifica la simulación de autoridad operativa. Esta conducta se sancionaría con penas de uno a tres años de prisión cuando se ejecuten operativos falsos, controles simulados, retenciones ilegítimas o movilizaciones fraudulentas. Si estas acciones derivan en privación de libertad, ingreso no autorizado a inmuebles, desplazamientos forzados o afectación patrimonial, la pena subiría de tres a cinco años. Cuando se usen uniformes de la Policía o las Fuerzas Armadas, la sanción alcanzaría entre cinco y siete años.

Finalmente, se incorpora el artículo 364-B, que penaliza con uno a tres años de cárcel la fabricación, importación, distribución o comercialización no autorizada de uniformes, insignias o credenciales de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o de seguridad privada, tanto para personas naturales como jurídicas.

Tomado de Pichincha Comunicaciones