¿El oro manchado de sangre y corrupción? Así opera la minería ilegal en Ecuador bajo el control del crimen organizado
Carteles reclamando el cierre de las minas ilegales expuestos frente a las casas en Zaruma, abril de 2022. Apoyar a los miembros de la comunidad para que denuncien la actividad minera sin temor a represalias puede ayudar a frenar la criminalidad en el sector. (Foto: Vicente Gaibor/Bloomberg vía Getty Images).
Grupos como Los Lobos se han apoderado de minas, plantas de procesamiento y rutas de exportación. Políticos, jueces y empresarios aparecen implicados. Un informe internacional revela el alcance de esta red criminal que amenaza la seguridad, el ambiente y la economía del país.
En Ecuador, la fiebre del oro no solo es símbolo de riqueza: también es sinónimo de crimen, corrupción y muerte.
Un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) revela con crudeza cómo el país se ha convertido en uno de los epicentros del oro ilegal en Sudamérica, con una cadena de producción capturada por mafias violentas y autoridades cómplices.
La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), “antes una actividad de subsistencia para comunidades rurales, fue absorbida por redes criminales” que controlan desde los yacimientos hasta la exportación del mineral, con rutas que conectan a Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce Enríquez con Guayaquil, Miami, Dubái e India.
Según cifras oficiales, Ecuador exportó en 2023 más de 27 toneladas de oro, valoradas en más de USD 900 millones.
Sin embargo, gran parte de ese metal precioso tiene un origen turbio: es extraído en minas ilegales, procesado en plantas clandestinas o semi-formales, y “blanqueado” para su ingreso al mercado internacional.
El oro, advierte el informe, “deja de ser ilegal una vez que entra en el sistema formal”.
La nueva “mina de oro” de las mafias
La investigación, elaborada durante varios meses con entrevistas a expertos, funcionarios y fuentes locales, expone cómo grupos como Los Lobos, originalmente dedicados al narcotráfico, han expandido sus operaciones al oro.
No solo extorsionan a mineros y plantas de procesamiento, sino que han asumido el control directo de minas enteras.
Incluso, usan el oro como moneda de pago entre bandas y medio para lavar dinero ilícito.
“El oro no se pudre”, resume una fuente del informe. “Es más fácil que las drogas: deja de ser ilegal cuando entra en el sistema formal”.
¿Estado ausente, autoridades cómplices?
Según el informe, la expansión de esta economía criminal ha sido posible por el colapso de la institucionalidad minera.
El cierre del catastro en 2018, la disolución de la Arcom en 2020 y las reformas improvisadas dejaron al sector sin control, sin supervisión y lleno de vacíos legales que han sido explotados por redes criminales y “funcionarios corruptos”.
El informe documenta cómo se han entregado más de 600 concesiones mineras en medio de este caos regulatorio.
Algunos permisos fueron otorgados a cambio de pagos ilegales, otros fueron usados como fachada para justificar oro de origen ilícito.
El panorama se agrava con la participación directa de autoridades locales: alcaldes, fiscales, jueces e incluso líderes sindicales fueron vinculados con la minería ilegal.
“Un entrevistado relató que su jefe había recibido amenazas por parte de un fiscal vinculado a estas actividades. Mientras que, autoridades locales (alcaldes) habrían colaborado con mineros ilegales para clausurar explotaciones legales, permitiendo el ingreso de operadores no autorizados a cambio de sobornos”.
Se indicó además que un miembro de los cuerpos de seguridad sostuvo que: “aquí no se trata solo de minería, sino de delitos asociados, de capturar voluntad política (…) y ausencia de control estatal”.
Por otro lado, varios alcaldes del sur del país fueron asesinados en los últimos años. El caso más emblemático es el de José Sánchez, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, quien fue acribillado tras denunciar a Los Lobos y colaborar con la Policía para combatir la minería ilegal.
Plantas “lavadoras” y oro sin control
En Portovelo y Zaruma -dos de los principales centros de procesamiento de oro del país- operan más de 100 plantas, muchas “sin control estatal”.
Estas instalaciones reciben oro de origen incierto y lo convierten en producto “legal” para su exportación.
En algunos casos, son propiedad de políticos, empresarios o familias influyentes; en otros, actúan como empresas fachada con dueños ocultos.
De acuerdo con el informe, la falta de ensayos técnicos antes de la exportación, la corrupción en el sistema aduanero y la proliferación de empresas de papel permiten que el oro se mueva por el mundo sin restricciones.
Emiratos Árabes Unidos, India y Estados Unidos son los principales destinos del oro ecuatoriano. Parte de este metal ni siquiera fue extraído en Ecuador: hay indicios de contrabando desde Perú.
Contaminación y destrucción ambiental
El daño no es solo institucional. Los efectos sobre el ambiente son devastadores. El informe alerta sobre la contaminación con mercurio y cianuro en los ríos de Portovelo, que han dejado “zonas muertas” y destruido la economía pesquera local.
También se menciona un conflicto ambiental con Perú por la contaminación del río Tumbes.
“A pesar de que Ecuador firmó el Convenio de Minamata y prohibió el uso de mercurio en 2015, su uso clandestino persiste, incluso en viviendas, con graves riesgos para la salud”, detalla el informe.
¿Y el Estado?
Aunque el Gobierno ha emitido decretos, creado comités y desplegado operativos, las respuestas son fragmentadas.
Se prioriza la destrucción de maquinaria en operativos visibles, pero no se ataca a los grandes operadores ni a las redes de lavado de dinero.
𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑴𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐#Morona Santiago | Personal militar del Ejército Ecuatoriano, realizó operaciones militares en el sector de #Kankaim del cantón Taisha en la provincia de… pic.twitter.com/uRZ9TyrGFH
— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 1, 2025
La Arcom fue restituida en 2024, pero casi de inmediato fue allanada por corrupción.
“No existe un sistema nacional de trazabilidad del oro, y el Banco Central apenas logra comprar una fracción del oro que se exporta”.
El informe de GI-TOC concluye que Ecuador enfrenta una “captura criminal” del sector aurífero, que requiere respuestas estructurales y coordinadas:
- Trazabilidad obligatoria
- Control en las plantas
- Auditorías
- Cooperación Internacional
- Fortalecimiento de la Fiscalía
- Empoderamiento comunitario
“El oro ha sustituido a la cocaína como fuente de poder y violencia”, advierte una fuente.
La pregunta que queda en el aire es: ¿el Estado reaccionará a tiempo o permitirá que este oro, tan dorado como maldito, siga manchando de sangre y corrupción al país?
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones